Estos son los principales cambios que propone la nueva Constitución de Chile

Tras el estallido social de octubre de 2019, origen del proceso constituyente, una mayoría apoyó el reclamo por un cambio del modelo que favoreció políticas económicas hiperliberales amparadas en la Constitución de 1980.

La propuesta describe a Chile como un "Estado social y democrático de derecho", que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas.

En contraste, la Constitución de 1980 plantea que el Estado debe "contribuir a crear las condiciones sociales" para la realización de las personas pero no puede participar en cualquier actividad empresarial.

La Constitución vigente divide al Congreso entre la Cámara de Diputados y el Senado. Este último puede "perfeccionar" el trabajo de los diputados.

La propuesta elimina el Senado y crea dos Cámaras sin el mismo poder de decisión entre ellas. El nuevo texto establece un Congreso de Diputados para la formación de leyes y una Cámara de las Regiones solo para aquellas "de acuerdo regional", pero lejos de tener el peso que ha tenido hasta ahora el Senado

Detractores creen que esta nueva conformación hace peligrar el poder de veto de la oposición y traerá inestabilidad.

El proyecto de Constitución propone un Sistema Nacional de Salud Universal, un tema central en la sociedad, donde la mayoría de la clase media paga altos costos por los servicios sanitarios.

Hoy, todos los empleados formales deben destinar por obligación un 7% de su sueldo para la Salud. Ese monto puede ir 100% al sector privado pero éstos no cubren el 100% de una enfermedad, cirugía ni medicamentos.

Solo los empleados con sueldos más altos pueden pagar seguros privados, que son muy caros y a los que acuden hoy un 16% de la población.

El nuevo texto plantea que las cotizaciones obligatorias en salud vayan un 100% al sistema público y que se permita contratar seguros privados adicionales.

Sus detractores consideran que esta propuesta terminará por colapsar al sistema público de salud, que atiende al 80% de la población.

En pensiones, desde la Constitución de 1980 las jubilaciones dependen de aportes exclusivamente del trabajador en fondos de pensiones privados que otorgan jubilaciones por debajo del salario mínimo de 400 dólares, o un 60% más bajo que el último salario.

La propuesta que se vota el domingo propone un Sistema de Seguridad Social público, financiado por trabajadores y empleadores.

La propuesta de Constitución establece el derecho a una vivienda digna y plantea que el Estado deberá asegurar que esta incluya servicios básicos, una ubicación apropiada y un espacio suficiente, lo que apunta a regular las viviendas sociales y la construcciones de los llamados 'guetos verticales', edificios con cientos de apartamentos, estrechos y donde se convive en hacinamiento.

El país  tiene hoy un déficit de más 500 mil viviendas sociales y la nueva Constitución busca asegurar el derecho a la vivienda aumentando la construcción y fórmulas para resolver el problema de los sin techo.

La Constitución de 1980 protege "la vida del que está por nacer", aunque en 2017 Chile despenalizó el aborto en tres causales.

La influyente ola feminista logró que se incluyera el derecho a una "interrupción voluntaria del embarazo", que de ser aprobada ubicaría a Chile a la vanguardia mundial en la materia.

La Constitución de 1980 no hace referencia alguna a los pueblos originarios, que representan el 12.8% de la población chilena. El nuevo texto propone autonomía para los indígenas reconociendo 11 pueblos y naciones, pero no permite atentar contra el carácter "único e indivisible" del Estado de Chile.

Entre los puntos más polémicos está el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, aunque precisa que debe respetar la Constitución, tratados internacionales y que la Corte Suprema tendrá la última palabra.

El nuevo texto ofrece un fuerte enfoque ambiental, calificado por expertos internacionales como pionero en reconocer los derechos de la naturaleza, de los animales y proteger el agua como derecho humano.

De aprobarse, será la primera Carta Magna en el mundo que se redacta en una convención paritaria y que define a Chile como una "democracia paritaria", donde las mujeres ocuparán al menos el 50% de los poderes y órganos del Estado.

La propuesta busca garantizar las condiciones para el desarrollo de todas las personas y superar los estigmas para pacientes con enfermedades mentales incluyendo derechos a una vida autónoma en favor de la neurodiversidad y neurodivergentes.