Martes, 16 de Abril 2024

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- Al limbo

Por: Jaime García Elías

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Hay consenso en que los principales indicadores de la situación de un conglomerado social, desde el más básico que sería la familia hasta el más amplio que sería el país, son la economía, la seguridad, la salud y la educación.

En México, por más que se cacaree la estabilidad del peso frente al dólar y se afirme que la inflación es “moderada”, difícilmente la economía alcanza la nota aprobatoria si 43.9% de la población (cifras de Coneval) vive en niveles de pobreza; es decir, carece de recursos para satisfacer sus necesidades básicas (casa, vestido y sustento). En materia de salud, quienes dependen de la medicina institucional (IMSS, ISSSTE o Insabi) están a expensas del azar para recibir atención profesional oportuna y adecuada, primero, y tener acceso, después, a los fármacos que requieren. En el tema de la educación, contrasta el triunfalismo del discurso oficial acerca del porcentaje del Presupuesto destinado a ese rubro, con la insuficiencia de las instituciones educativas..., pero, sobre todo, con la calidad de la enseñanza y con la escasa correspondencia entre la instrucción que se recibe en las aulas y la realidad del mercado laboral.

-II-

Por lo que hace a la seguridad, aun dando por cierto que “en Jalisco los delitos patrimoniales (robo de vehículos, a personas, a casas habitación y bancos) se redujeron 40% en los dos primeros años de la actual administración”, hay “otros datos”... lamentables, por decir lo menos.

Por ejemplo, que entre enero de 2019 y agosto de este 2021, “la Fiscalía de Jalisco envió 338 mil 864 carpetas de investigación al archivo temporal” (EL INFORMADOR, ayer, p. 1-A), para un promedio de 348 denuncias de ciudadanos que fueron víctimas de diversos delitos, remitidas diariamente -para decirlo sin eufemismos-... al limbo.

El estudio “Hallazgos 2020”, de la organización “México Evalúa”, refiere que la cifra negra -delitos que se cometen pero los ciudadanos no denuncian por desconfianza en la capacidad de las instituciones o temor a represalias- aumentó de 91.2 en 2019 a 92.9% en 2020, y que de los delitos que se denuncian, solo el 5.5 % se resuelven, entre otras cosas porque “a nivel federal solo hay 9.7 peritos por cada cien mil habitantes -por no hablar, además, de investigadores y jueces-, lo que obliga a que cada uno atienda (es un decir, por supuesto...) más de 400 asuntos, y solo concluya el 4% de los mismos”.

-III-

Colofón: “¡Y digan que les fue bien...!”, diría el clásico.

jagelias@gmail.com

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