Jueves, 28 de Marzo 2024

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- “¡Pruebas...!”

Por: Jaime García Elías

- “¡Pruebas...!”

- “¡Pruebas...!”

El episodio, convertido en tópico a fuerza de repetirse, forma parte del abigarrado, inagotable anecdotario de la corrupción en México. Su protagonista es Luis Cabrera, quien fuera diputado federal en la XXVI Legislatura y secretario de Hacienda en el gobierno de Venustiano Carranza, de 1914 a 1917, además de redactor (con el seudónimo de Blas Urrea) en El Hijo del Ahuizote y El Diario del Hogar, entre otros periódicos...

Se refiere que Cabrera -con fama de honesto... pero también de sarcástico-, en sesión de la Cámara de Diputados, subió a la tribuna para acusar de ratero (así, con todas sus letras) a un colega. El aludido replicó retadoramente:

-¡Pruebas; le exijo que presente pruebas de la acusación que usted me hace!

Don Luis le contestó serenamente:

-Diputado, lo estoy acusando de ladrón; no de tarugo.

-II-

Es probable que el suceso venga a cuento a raíz de las “podridas” que se atribuyen a los expresidentes que supuestamente podrían ser “investigados y procesados” por actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y otras faltas cometidas por ellos mismos o por sus cómplices y/o protegidos durante las administraciones a su cargo.

En las mesas en que hasta el lunes pasado se realizó la preconsulta, en la vía pública, había rótulos con las fotografías de tres expresidentes, y una pregunta que omitía los trámites de investigación y procesamiento contemplada en el planteamiento que supuestamente se someterá a un especie de plebiscito paralelo a las elecciones del año próximo: “¿Quieres que Salinas, Peña y Calderón vayan a la cárcel?”.

-III-

No se alcanzó el millón y medio de firmas requerido (el 2% del padrón de la elección más reciente), por lo que el trámite debió ser sustituido por una iniciativa del Presidente de la República. Quizá faltó tiempo... En todo caso, si más de 800 mil ciudadanos asintieron, es porque tienen la convicción -o la sospecha, al menos- de que los expresidentes fueron incompetentes y deshonestos a partes iguales.

Haría falta, sin embargo, de entrada, aportar, si no pruebas plenas -¿quién las tiene...?-, indicios de que cometieron delitos; y, enseguida, la certeza de que dichos delitos no hubieran prescrito.

En rigor, pocos ciudadanos meterían las manos al fuego por la honradez de que se jacta la mayoría de los “servidores públicos” que ha habido en este bendito país. Sin embargo -con la venia de Don Luis Cabrera-, una cosa es acusarlos de rateros... y otra muy diferente acusarlos de tarugos.

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