El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está incumpliendo con su promesa de hacer justicia para las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, por el cambio de rumbo que han tomado las investigaciones luego del informe que rindió en agosto pasado el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, que elevó las expectativas de los deudos con la detención del ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de “inventar” la “verdad histórica” de este caso, y por las 83 órdenes de aprehensión, que incluían a ex funcionarios y mandos militares. Pero lo que advierten ahora es que las autoridades estarían cambiando de ruta y dando marcha atrás por la petición de la Fiscalía General de la República de cancelar 21 de esas órdenes de arresto contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía de Guerrero.Este es, en síntesis, el sentir de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y de sus abogados expresado ayer en la nutrida manifestación realizada en la Ciudad de México para conmemorar el octavo aniversario de la trágica noche de Iguala, en el Estado de Guerrero, cuando policías municipales, coludidos con sicarios, y ahora se sabe, con mandos militares, atacaron a los normalistas por orden del presidente municipal, José Luis Abarca.Las inconformidades de los grupos más radicales que acompañan la causa de las víctimas de Ayotzinapa y sus familias habían ya escalado desde la semana pasada que hicieron destrozos en instalaciones militares y la Embajada de Israel en México, y que ayer en la marcha cometieron también contra varios establecimientos, se agudizaron luego de las revelaciones que hizo la periodista Peniley Ramírez el fin de semana de datos reservados del expediente dado a conocer por Encinas en agosto, y en los que hay indicios de que al menos seis de los estudiantes desaparecidos habrían sido asesinados por militares y sus cuerpos ocultados en instalaciones castrenses. Además de perder la confianza de los padres de los estudiantes desaparecidos y sus representantes legales, y de los conflictos internos de la 4T que quedaron evidenciados con las filtraciones del informe a la prensa, el involucramiento de mandos militares en este crimen de Estado y su eventual encubrimiento revelarían los compromisos inconfesables del Gobierno lopezobradorista con el Ejército, como asomaron con la exoneración exprés del ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en cuanto llegó extraditado de Estados Unidos y tensó las relaciones bilaterales con ese país.Desde luego este búmeran golpea también al Presidente al poner en jaque su insistencia en seguir dando más poder al Ejército, dejando ahora en misiones policiales a soldados y marinos hasta el 2028 pese a estos nuevos excesos de fuerza que están a punto de comprobarse. jbarrera4r@gmail.com
