Ayotzinapa dejó de ser una localidad del estado de Guerrero que no sabíamos pronunciar, para convertirse en un hecho histórico que resume la barbarie, el horror, la guerra informal y la gravedad de las desapariciones como un fenómeno masivo en México. Que en el país se pudiera atacar, perseguir, asesinar a seis personas y desaparecer a otras 43 normalistas rurales, se convirtió en un golpe directo al rostro de nuestra conciencia nacional. Ese hecho mostró súbitamente que México atravesaba un contexto prácticamente de guerra, en el que actores armados, públicos o privados, podían atacar, agredir y desaparecer masivamente a un grupo de estudiantes, en completa impunidad.Las manifestaciones masivas que siguieron a la trágica noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, fueron un despertar a la conciencia de millones de mexicanos, especialmente jóvenes, que en este país el derecho a vivir, el derecho a no desaparecer tenía que ser defendido en las calles.Quienes nos manifestamos las semanas siguientes a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entendimos desde muy pronto que ese macabro operativo no era obra solamente del crimen organizado. De inmediato se vio con claridad la intervención de agencias de gobierno. Por eso el lema “Fue el Estado” que se pintó en la plancha del Zócalo y en miles de paredes de nuestras ciudades fue una consigna política que identificó con claridad al responsable de este acontecimiento disruptivo. Lamentablemente, llegamos al séptimo aniversario de esta tragedia con muy pocos avances en la investigación de la desaparición de los 43 y en una situación mucho peor en todo el país porque la epidemia de las desapariciones ha sido más larga y profunda de lo que pensamos en 2014.Sobre la investigación de la masacre y desaparición de los normalistas, los padres y familiares de los estudiantes, se sienten un tanto decepcionados por el poco avance real en el esclarecimiento del caso y por los varios pendientes que existen para dar con el paradero de los 43 desaparecidos. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, mencionó entre los pendientes, la extradición de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal y a quien se considera uno de los principales responsables de la manipulación de la investigación llamada “verdad histórica” y de la comisión de otros delitos como tortura de detenidos.Otro pendiente importante es la investigación al Ejército mexicano. En entrevista en Radio Universidad de Guadalajara, Vidulfo Rosales reveló que un testigo declaró a la Fiscalía que al menos 25 normalistas desaparecidos fueron ingresados al cuartel del 27º Batallón de Infantería de Iguala, “algunos asesinados” y que posteriormente fueron entregados a grupos criminales. Y también hay evidencias de que algunos militares de este batallón estaban en la nómina del grupo delictivo Guerreros Unidos. “Todo este conjunto de elementos son suficientes para iniciar una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército mexicano, y eso se le dijo al presidente”, en la reunión que tuvieron los familiares con Andrés Manuel López Obrador el viernes 24 de septiembre.De modo que se llega al séptimo aniversario con muy pocos avances en la investigación. Lo más lamentable es que este aniversario nos recuerda que como país estamos peor que en 2014. En esa fecha nos espantaba conocer que había 30 mil desparecidos; hoy hay tres veces más desaparecidos reconocidos oficialmente y miles más que no son denunciados. Ayotzinapa fue un punto de quiebre, dijo Vidulfo Rosales, que no supimos aprovechar como país. Aquella tragedia debió servirnos de aprendizaje para no reproducir lo que nos tiene en esta situación de guerra y violencia generalizada. Pero estamos peor que hace siete años. Los asesinatos, las masacres y desapariciones se multiplican porque el gobierno sigue permitiéndolo, porque no ataca y elimina las cadenas de impunidad y las complicidades entre agentes del Estado y el crimen organizado. Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en México. rubenmartinmartin@gmail.com
