Hice mi tesis para el examen de contador público con el tema de nuestros impuestos principales y como abatir la defraudación fiscal.En esa remota época no había mayor literatura sobre el tema en español, por lo que acudí a libros en inglés y francés.Me pareció buena idea proponer la creación de una cédula personal de identidad con refrendo anual mediante la exhibición de la declaración de impuestos o la constancia de actividades no gravadas. Sólo que al jurado que me examinó no le pareció buena idea violar las garantías constitucionales de privacidad.Al respecto, en la defensa de mi tesis argumenté que en casi todos los países europeos era una práctica común, así como en la República Dominicana y Panamá. El jurado refutó que los países europeos tenían la cédula personal de identidad a raíz de la postguerra mundial y los latinoamericanos citados estaban gobernados por dictaduras. Que para crear un padrón fiscal tendría que hacerse lo mismo que para levantar los censos de población que tenía que intervenir el ejército.Pocos años después, la Secretaría de Hacienda me dio la razón con la creación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).En diferentes épocas se ha intentado establecer la Cédula Única de Identidad que está contenida en la Ley General de Población con la obligación de identificar a la población. Así fue como nació la Cédula Única del Registro de Población (CURP) que debería sustituir al actual RFC. Desconozco los motivos por los cuales no se ha llevado a cabo esta sustitución, el único escollo que le encuentro es que la Ley General de Población no incluye a las sociedades, pero no es insalvable.Las ventajas de contar con una cédula única, en vez de tener una para el IMSS y otra para el INE y otras para padrones oficiales de organismos públicos que lo requieran.Ahora se vuelve a presentar el dilema con la reforma a la Ley General de Telecomunicaciones que establece la obligación de registrar los teléfonos celulares que andan por los 104 millones y proporcionar los datos del usuario, fotografía, huellas digitales e identificación biométrica.Hay una fuerte oposición para proporcionar datos personales que constitucionalmente están protegidos y sólo con orden judicial puede obtenerlos la autoridad.La motivación para cometer esta violación a los derechos individuales, es que servirá para localizar a los delincuentes que utilizan los teléfonos celulares para extorsiones, secuestros y otros delitos.El problema es que el Gobierno no puede garantizar la secrecía del padrón de usuarios, pues ya se cuenta con antecedentes de que el padrón del INE ha sido vulnerado para suplantar personalidad y a las víctimas les ha costado tiempo y dinero defenderse para probar su inocencia.Una forma de convencer a los usuarios de celulares sería, establecer en la ley la indemnización a las víctimas por los daños causados por cualquier tipo de delito que se cometa utilizando los datos obtenidos por la delincuencia.Lo peor que nos puede suceder es que esta cédula se utilice para votar. La empresa que está promoviendo su implantación es, según dato no confirmado personalmente, Smart Matic, empresa especializada en fraudes electorales, fundada por el socialismo venezolano, cubano y chino.luisjcardenas2@hotmail.com
