Viernes, 19 de Abril 2024

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Consulta “cantinflesca”

Por: Jaime Barrera

Consulta “cantinflesca”

Consulta “cantinflesca”

No hay plazo que no se cumpla e inició ya la veda electoral por la innecesaria y dispendiosa consulta popular para preguntar si se debe enjuiciar o no a los ex presidentes de México que se realizará el próximo domingo 1 de agosto.

Este nuevo distractor que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se sacó de la manga en septiembre del año pasado una vez que terminó la ocurrencia de la rifa del avión presidencial que nunca fue, se pudo haber evitado si las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hubieran respaldado el proyecto de resolución de su colega Luis María Aguilar Morales en el que proponía declarar inconstitucional la solicitud que hizo el jefe del Ejecutivo, sin embargo la mayoría le dio el avión al Presidente y dejaron pasar la consulta pero cambiando la pregunta que ayer el semanario británico The Economist calificó de “cantinflesca” al descalificar como muchas otras voces en México este ejercicio, por parecer más una cortina de humo ante el mal manejo de la pandemia, el estancamiento económico, y sobre todo la crisis de inseguridad y violencia.

Tras un acalorado debate se declaró el 1 de octubre pasado constitucional la consulta en una cerrada votación de 6 contra 5. El ministro Aguilar consideraba que al señalar a los ex presidentes se violaban sus derechos humanos al vulnerar su presunción de inocencia, además que la justicia no se podía someter a consulta, dado que las autoridades están obligadas a denunciar cualquier delito, sin embargo la mayoría apoyó la postura en contra del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien planteó que se debía tener una visión menos restrictiva y aprovechar la “oportunidad histórica para dar un sentido verdaderamente democrático al mecanismo de consulta popular”.

Para salvar el tema de los derechos humanos de los ex presidentes mencionados en la primera pregunta propuesta por López Obrador al Senado el 15 de septiembre (¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los ex Presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?), las y los ministros reformularon la pregunta y quitaron sus nombres con lo que le concedieron la consulta al Presidente pero no con la pregunta original sino con esta que reformularon y que por ambigua hizo más estéril aún la consulta al quedar en estos términos: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El costo de la organización, instalación de entre 50 mil y 59 mil mesas receptoras, cómputo y declaración de esta consulta popular será de alrededor de 528 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, un gasto que pudo hacerse en vacunas anticovid, y que por tanto, rompe también con el discurso de austeridad del gobierno de la 4T.

Por eso el Presidente corre nuevamente el riesgo de que tras el revés electoral en la CDMX y la perdida de más de 50 curules que alejaron a Morena de la mayoría calificada ahora la gran mayoría de los 94 millones de electores desairen este nuevo show de AMLO y no se alcance la participación de al menos 37.5 millones de mexicanos, el 40 por ciento del padrón, para hacer vinculante el resultado de la consulta. Veremos.

jbarrera4r@gmail.com
 

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