Una desgracia nunca viene sola, dice la conseja popular que circula entre el pueblo bueno y sabio. Esta pandemia del coronavirus, COVID-19, además de quitar la vida a cientos de miles, traerá aparejada otra serie de calamidades entre las que se encuentra la pérdida de nuestros ahorros si no los tenemos invertidos en valores seguros.Entre mayor es el interés, mayor es el riesgo. Éste es un axioma difundido por los banqueros suizos, quienes no pagan intereses sino más bien cobran una comisión por conservar a buen recaudo el dinero.Buena parte de los ahorros depositados en cajas populares e instituciones de crédito, pueden declararse en suspensión de pagos por el procedimiento legal de concursos mercantiles, que permite diferir el pago de deudas y hasta disminuir legalmente su monto, como ya sucedió con Banca Famsa y algunas cajas populares.La falta de apoyo del Gobierno a las empresas está provocando el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, pymes, que no podrán pagar los préstamos obtenidos. Quienes depositaron su dinero en las llamadas cajas de ahorro y préstamo o cajas populares, atraídos por los altos intereses que ofrecen, lo hicieron a sabiendas de que estaban corriendo un riesgo. Entre los defraudados hay una buena parte de especuladores, personas que no necesitaban de los réditos para vivir. Por esa razón, no todos los afectados merecerán apoyo, pero es muy difícil discernir a los que sí lo requieran.Una de las obligaciones primordiales del Estado, es proteger y resguardar el patrimonio de los ciudadanos y esta es la razón del sentimiento de culpa de las autoridades que, por negligencia, corrupción, capricho u omisión descuidan la vigilancia y reglamentación de este tipo de empresas que son el instrumento para que los vivales obtengan cuantiosas e ilícitas ganancias.Sin embargo, una cosa es la responsabilidad moral del Gobierno y otra muy distinta la responsabilidad material, toda vez que la primera se subsana dando apoyo a los defraudados para que interpongan las acciones legales que proceda en contra de sus esquilmadores y asegurando los bienes que se puedan rescatar para indemnizarlos hasta donde ajuste el monto de los mismos; en tanto que la segunda, la restitución del daño, no le corresponde al Estado más que en la parte que garantiza el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) que protege parcialmente a los ahorradores en instituciones de crédito.Hace ya casi 20 años que el entonces diputado Marcelo Ebrard intervino para auxiliar a las víctimas de las cajas de ahorro que dañó a más de un millón 500 mil ahorradores. Su propuesta de utilizar los fondos públicos para indemnizarlos con un procedimiento similar al del Fobaproa, hoy transformado en IPAB, no resultó porque no tenemos los contribuyentes porque pagar con nuestros impuestos las pérdidas sufridas por un grupo de personas que fueron engañadas. Ahora no se trata de engaños sino de efectos colaterales de la pandemia agudizados por la pasividad del Gobierno de negar el apoyo al sector empresarial ahora que es cuando lo necesitan.Ante este panorama no nos resta más que recomendar que cada quien cuide sus ahorros guardándolos en cántaros enterrados en el jardín o en los colchones que es lo que se hicieron nuestros abuelos en la Revolución.
