Dice Fernando, mi cardiólogo de cabecera, del quien por suerte nunca he necesitado sus servicios profesionales más allá de compartir un tequila, que los grandes enemigos del corazón son los polvos blancos: azúcar, sal, harina y cocaína. Salvo ésta última, el resto está cada día más presente en la dieta de los mexicanos y junto a las enfermedades cardiacas hoy tenemos la diabetes como el problema más grave de salud púbica en México, no sólo por la cantidad de personas que mueren de ello sino por el costo que implica para el sistema de salud. Lugar común y principal manifestación de esto es la obesidad, donde tenemos un deshonroso segundo lugar mundial, sólo después de Estados Unidos, pero en obesidad infantil no hay quién nos gane. Es decir, es cuestión de tiempo para que México sea el país más obeso del mundo.Con estos datos no hay manera de quedarnos con los brazos cruzados frente a la comida chatarra.No hacer nada y seguir como estamos es un suicidio colectivo. Hay que cambiar urgentemente los hábitos nuestros de consumo y eso implica necesariamente que las empresas productoras de este tipo de alimentos -refrescos, botanas, pastelería industrializada, sopas instantáneas, etcétera- se vean afectadas. No hay remedio, hay un bien superior que proteger, que es la salud de los mexicanos y en eso no debe hacerse concesión alguna.La pregunta es cómo hacerlo. La lógica dice que habría que tratarlos exactamente igual que al cigarro, que fue el enemigo de la salud hace cincuenta años, pero la lógica también dice que revisemos esa experiencia para saber cuáles cosas funcionan y cuáles no. El etiquetado frontal y cobrar un impuesto especial por tratarse de elementos nocivos para la salud es básico. Por supuesto que eso traerá una afectación en el mercado, de eso se trata, pero la experiencia del cigarro nos dice que no basta: las políticas públicas de prohibición e inhibición deben venir acompañadas con una reeducación alimentaria. Este no es pues un asunto sólo de la Secretaría de Salud, debe implicarse de forma transversal todo el gobierno, desde la de Educación que tiene mucho que hacer con desayunos escolares y sacando la comida chatarra de las tienditas (la diputada Mara Robles tiene una experiencia interesante al respecto cuando fue asambleísta del entonces Distrito Federal) hasta la secretaría de Bienestar que debe vigilar cuáles son los efectos de las políticas sociales en los hábitos de consumo, hasta las Secretarías de Hacienda y Economía que deben generar políticas fiscales de incentivo a los alimentos sanos y castigo a la comida chatarra (IVA a los alimentos procesado, por ejemplo).La obesidad no la vamos a resolver en un sexenio ni en una generación, pero sí nos toca a esta generación y a este gobierno crear las políticas públicas para dar, literalmente, la vuelta a la tortilla y regresar a una alimentación sana.diego.petersen@informador.com.mx
