No hay duda de que los efectos más devastadores de la pandemia lo están viviendo las personas menos favorecidas. Y, debido a los duros efectos a la economía mundial, es necesario que todos los esfuerzos enfocados en mejorar el bienestar de las personas se concentren en atender las causas que permiten la vulneración de sus derechos.La pobreza en México al igual que en otros países va en aumento. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2018 y el 2021, se redujo la calidad de vida de 3.8 millones de personas, por dejar de acceder a derechos sociales con los que antes se contaba y por la pérdida de sus ingresos. Por otro lado, el Coneval y otras voces como OXFAM, han manifestado su preocupación por la efectividad de los programas sociales que se otorgan desde el Ejecutivo y las entidades federativas, primordialmente por no tener una visión a largo plazo y no estar encaminadas a transformar las causas inmediatas, subyacentes y estructurales que permiten que una gran parte de la población viva en condiciones inhumanas.Una de las razones por las cuales las políticas sociales mexicanas no logran resolver el problema de la pobreza tiene que ver con la política nacional sexenal, que significa el cierre y apertura de ‘un nuevo comienzo’ o una nueva transformación, lo que impide la continuidad en el tiempo de los programas. Inclusive la compatibilidad de la estructura burocrática y el funcionamiento propuesto para alcanzar los objetivos, pierden sentido.Esto impide la sostenibilidad de los programas y, por la proliferación de reglas o nuevas reglas, se pierdan definitiva o momentáneamente las ayudas, provocando un círculo vicioso que nos hace empezar de cero, detener los avances o, lo más común, convertirse en paliativos que no modificarán trascendentalmente la vida de quienes reciben los apoyos. Esta situación, se complementa con la visión paternalista que hace de los programas sociales una caridad más que la materialización de un derecho humano.Muchas veces se parte de una postura de considerar lo que las personas ‘deben’ recibir y lo ‘que tienen que hacer’ para recibir los apoyos. El desastre de Sembrando Vida, por ejemplo, partió de la visión presidencial simplista de que, la solución a dos de los principales problemas en México, el medio ambiente y la pobreza rural, se solucionarían a través de la siembra de árboles y la entrega de recursos condicionados. El apoyo sólo se da si haces algo que considero desde mi visión te ‘dignifica’.El resultado, tala indiscriminada como en Campeche, plantación de especies no nativas en Chiapas, y, de acuerdo con las organizaciones Transparencia Mexicana y Fundar, con altos riesgos de corrupción en su aplicación, poca transparencia y poca claridad en el proceso de entrega de recursos.Esto sucedió, entre otras cosas, por no tomar en cuenta la opinión y participación de las personas y comunidades e imponer el programa. Una caridad sin empatía o comprensión de su realidad. Una cultura que asume que un burócrata sabe mejor lo que le conviene a las personas que sufren la desigualdad, que aquellos que la viven. El resultado de esta visión, programas que no se sostienen y comunidades que, a pesar de los cambios políticos, se mantienen en condiciones de vulnerabilidad.Pasar de la caridad al derecho humano, implica una gran responsabilidad, atender las causas, sostener los programas, permitir la participación de las personas y comunidades beneficiarias, así como una evaluación constante que incluya indicadores que transformen las condiciones que permitan analizar los problemas desde sus orígenes para obtener los resultados que buscamos.
