Jueves, 28 de Marzo 2024

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Erizos en favor de la Constitución

Por: Luis Ernesto Salomón

Erizos en favor de la Constitución

Erizos en favor de la Constitución

Isaiha Berlin, el famoso filósofo de la libertad, en su obra llamada El erizo y el zorro, clasificó a los hombres en erizos y zorros, basándose en un proverbio atribuido al poeta griego Arquíloco que dice: «Mientras que el zorro sabe de muchas cosas, el erizo sabe mucho de una sola cosa». Planteó así la contradicción entre la concentración y la dispersión. 

La analogía es útil para describir intelectualmente a aquellos que estamos convencidos del imperio de la ley y del valor de la Constitución y quienes consideran que las circunstancias políticas deben imperar. 

Las personas empeñadas en sostener la defensa de la dignidad de la persona por medio del derecho, argumentan en favor de la corrección del derecho. Es decir, que existe un derecho correcto a pesar de que las leyes no lo garanticen, que debe ser exigido, y reconocido. 

Ronald Dworkin, un reconocido jurista estadounidense fallecido en 2013, fue un erizo dedicado a la dignidad de la persona. Pensó el derecho siempre desde una sola perspectiva: la incorporación de los valores a la formalidad jurídica. Según sus ideas, la legitimidad política depende de la aplicación de los principios de igual consideración; y de respeto al derecho de la persona a decidir libremente cómo hacer su vida valiosa. 

Para ello, las leyes deben interpretarse en el mejor sentido para encontrar una respuesta correcta. Lo zorros, quienes piensan que la ley es como una masa amorfa que debe adaptarse dócilmente a la voluntad del poder, que se convierte en equivalente de lo correcto por decreto, ignoran que el derecho no es un mero instrumento de la política, sino el marco en el cual debe desenvolverse. Es el límite necesario del poder ante la dignidad personal. Porque como decía Aristóteles “es mejor que gobierne la ley que cualquiera de los hombres” aunque se trate del mejor todos.

Viene al caso la referencia porque nunca como en este tiempo, se discuten públicamente temas jurídicos, muchos de ellos relacionados con los principios constitucionales. La conversación social es orientada por quienes reclaman como correctas las soluciones jurídicas que proponen para resolver problemas complejos. 

Ahora mismo se vive el debate respecto a la interrupción legal de embarazo, la vigencia de los derechos para los migrantes, o el respeto a la libertad sindical. Mención especial merece la discusión respecto a la profunda crisis de violaciones a los derechos más esenciales que se presentan en los casos de desaparición de personas, homicidios sin justicia y otras atrocidades que se han convertido en parte de la narrativa cotidiana de las ciudades mexicanas. 

Ante esta realidad, más que en ninguna otra etapa de la evolución de nuestra historia, es necesario hacer un alegato en favor de esos principios que deben ser aplicados y respetados por todos. Pretender encontrar soluciones de facto con rostro político; equivale a considerar que la injusticia es inevitable, o que las circunstancias responden a un destino manifiesto. Significa un ataque a las bases mismas de la nación. 

Cuando se habla del Estado de derecho no se trata solamente de la legalidad, de por sí amenazada, sino precisamente a la esencia misma del pacto constitucional que tiene en los principios de igualdad consideración y respeto a la libertad, su esencia fundamental; tal y como lo sostenía Dworkin. 

Las propuestas zorrunas de elaborar pactos para evitar o dilatar el respeto a estos principios se presentan en todas partes del mundo, y aquí no somos la excepción, por lo que el debate judicial y el del público, procesa argumentos que buscan una respuesta correcta, legal y justa que resuelva el problema de fondo. 

Cuando los mecanismos técnicos se usan para evitar el estudio de estos temas en los tribunales, o se alegan razones políticas, provocan la enfermedad de la desconfianza, sumada al costo de la dilación o denegación del acceso a la justicia que debilita las instituciones. Por eso, aunque corresponde primero a las autoridades la aplicación de las leyes y el respeto a estos principios, la situación nos obliga a convertirnos en activos defensores de la Constitución, a partir de considerar siempre que los derechos no los brinda graciosamente la autoridad, sino que corresponden a cada persona en razón de su dignidad. 

Por lo que se trata de pedir, o mejor, exigir, su respeto en todo momento. En la medida que tengamos mayor certeza de la aplicación de estos principios, más fuerte será la nación y más legítima será la solución de sus problemas.

luisernestosalomon@gmail.com

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