Enrique Alfaro como alcalde tapatío pidió que Guadalajara volteara hacia la Barranca. Ahora como gobernador logró que todos, a nivel local y nacional, volteemos hacia la Barranca, pero por el caso de los tres estudiantes presos: Javier Armenta, José Alexis Joras e Iván Ilich Vladimir.Hay dos visiones del conflicto. La primera, que defenderá el Gobierno de Alfaro, plantea que los estudiantes ocuparon durante 144 días un predio privado al que bautizaron Parque Resistencia Huentitán. Allí pernoctaron, impartieron talleres didácticos y clases de baile a la comunidad para exigir un parque público en vez de un negocio inmobiliario.Por eso los dueños del predio, Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Rivera Deluxe, demandaron a los tres jóvenes por el delito de despojo de inmuebles. Suena razonable, ¿no? Yo no puedo ocupar el terreno frente a mi casa, en donde construyen un desarrollo vertical, para exigir allí un parque público. Si lo hago, me demandan y me desalojan.Pero el predio en disputa no es cualquier terreno. Corresponde a las 13.6 hectáreas, ubicadas en Periférico y Calzada Independencia, que compró en 1980 el Ayuntamiento tras un decreto del Gobierno estatal para construir allí un gran parque público. Por alguna razón, nunca se construyó.En 2008, el panista Alfonso Petersen pactó con la empresa española Mecano el proyecto Puerta Guadalajara y cedió el terreno a cambio de una inversión en infraestructura urbana y vivienda por 65.5 millones de dólares (688 MDP según la paridad cambiaria de 10.5 pesos por dólar).La empresa incumplió con las obras sin que la sancionaran. Al contrario, Francisco Ayón, alcalde interino de Guadalajara, avaló en 2012 un nuevo convenio entregado ahora a Operadora Hotelera Salamanca y rebautizado como Iconia. La compañía volvió a incumplir sin que el siguiente alcalde, el priista Ramiro Hernández, hiciera nada.Finalmente en 2016 Enrique Alfaro como alcalde renegoció el proyecto y la inversión en obras urbanísticas por los mismos 688 MDP sin considerar que la paridad cambiaria había subido a 18.5 pesos por dólar, por lo que la inversión debía ser del doble.Y sí, otra vez, la empresa incumplió. En 15 años, los desarrolladores han librado cualquier sanción y multas millonarias. Si estimamos que el metro cuadrado en ese predio ronda los 12 mil pesos, sólo el valor del terreno supera los mil 200 MDP, el doble de lo que “pagarán” Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe, las compañías impunes que demandaron a los estudiantes por invadir “su propiedad”.Por eso la protesta de los tres estudiantes es una acción legítima en defensa de lo público. Su condición sería de presos políticos, pues el juez que les dictó prisión preventiva, Felipe de Jesús Rivera Gallegos, es un ex diputado panista –partido subordinado al emecismo– cuya esposa María Cristina Estrada Domínguez, ex regidora tapatía así como funcionaria emecista de Guadalajara, está denunciada por los tres estudiantes ante la Fiscalía Anticorrupción por las anomalías del proyecto Iconia. Este martes el juzgador ratificará o retirará esa medida cautelar desproporcionada a la luz de esta subordinación al Ejecutivo y en claro conflicto de interés.Por eso este episodio trasciende la pugna política UdeG-Alfaro. En el fondo se libra la gran batalla del futuro para esta ciudad: la disputa por el territorio y el espacio público ante los intereses y negocios inmobiliarios con la complicidad del poder público. El desarrollismo y la “neocolonización” de Guadalajara a través de la usura y la corrupción política, y el uso de las instituciones para consolidar esa conquista mercantil de la polis. Por tanto, este asunto compete a la esfera pública y está lejos de ser, como sostiene la narrativa oficial, un pleito entre particulares. jonathan.lomelí@informador.com.mxJonathan Lomelí
