Tratemos de digerir la “buena noticia” que ayer nos dio el gobernador: junto con la iniciativa privada invertirá mil 157 millones de pesos en la ampliación de la planta de tratamiento El Ahogado para reducir la contaminación del Río Santiago. Por medio de un video que, desde luego, no acepta preguntas o matices, el gobernador presentó una realidad matemática en donde dos más dos son cuatro y por tanto necesitamos todo ese dinero que no aportó el gobierno federal, pero sí la generosidad de la iniciativa privada. Cuidado. Hoy el mandatario enviará la “propuesta técnica” al Congreso estatal para que avale el mecanismo de coinversión entre el gobierno de Jalisco y la empresa que hoy opera la megaplanta de El Ahogado vía una concesión a 20 años. Se trata de un modelo de su recién estrenada reforma a la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Esta nueva figura de “coinversión” permite que cualquier empresa o inversionista aporte recursos en cualquier proporción. Pero además, la decisión para licitar o adjudicar un proyecto recae sólo en el secretario de Hacienda, la SIOP y la Consejería Jurídica estatal. Con la reforma quedaron fuera la Contraloría estatal y los organismos empresariales. En otras palabras, se redujeron los candados para evitar la discrecionalidad en la asignación de contratos. Por otro lado, en el ADN de una empresa está el negocio y la rentabilidad. Por eso especialistas critican este tipo de proyectos en donde la garantía de un derecho humano como el agua queda en manos de una empresa. Otro de los riesgos detectados en experiencias pasadas, recordemos El Zapotillo, es que se trata de modelos en donde las empresas quiebran o se declaran insolventes para cumplir su parte del contrato. Con este mismo esquema, la gestión actual quiere impulsar la inversión de cinco mil millones de pesos para la Línea 4 del Tren Ligero. Todavía hay muchas dudas que deberán despejarse con la propuesta que presentará hoy Enrique Alfaro a los diputados, pero con este modelo enmascara una forma de deuda para los jaliscienses y nos encamina a un modelo de privatización del agua. ¿En qué me baso? La ley permite contratos hasta por 40 años entre gobierno y empresas -la reforma amplió el plazo que era de 35 años. Asumimos que la operación de la megaplanta se entregaría a los privados por un plazo similar a cambio de que empresas o ciudadanos paguemos una cuota por el saneamiento. ¿Por qué apostar por un modelo privatizador con una megaplanta cuando la verdadera solución sería erradicar las fuentes de contaminación? Sanear el agua sucia es un buen negocio, no así evitar que se contamine más, ese sería un acto de autoridad. El gobernador tiene mucho qué explicar porque este modelo que ofrece como solución, ¿no es otra forma de hipotecar el futuro de los jaliscienses a cambio de un negocio privado?
