La reciente reforma judicial impulsada por el Poder Ejecutivo federal, busca transformar el sistema de justicia del país, atacando problemas estructurales como la falta de independencia judicial, la corrupción, el acceso limitado a la justicia y la protección insuficiente de los derechos humanos, sin embargo, su implementación en cada estado plantea desafíos considerables que deberán enfrentar los gobernadores entrantes, quienes tienen la responsabilidad de adecuar y fortalecer los sistemas locales de justicia.Entre los mayores retos para los Estados está garantizar la verdadera independencia del Poder Judicial local, ya que en la inmensa mayoría de las Entidades, esta autonomía ha sido limitada históricamente por la influencia de actores externos y la presión desde el Poder Ejecutivo, cuestión que, independientemente de que estemos o no de acuerdo en que la reforma es el camino correcto para lograrlo, constituye un elemento clave para mejorar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia. Para que la reforma se materialice, el compromiso del Ejecutivo estatal con esta autonomía debe ser real, promoviendo un Consejo de la Judicatura fortalecido, despolitizado, capaz de supervisar y apoyar el desempeño de jueces y magistrados sin interferencias.Un segundo desafío fundamental es la asignación adecuada de recursos a los poderes judiciales locales y transparentar la aplicación adecuada de los mismos, esto es, que los recursos realmente le sean entregados al poder judicial y que éste a su vez los distribuya adecuadamente, de forma tal que lleguen a las instalaciones de todos los juzgados (especialmente aquellos que se encuentran fuera de la capital de los estados) mejorando las condiciones de trabajo de los servidores públicos y con ello entregando un mejor servicio a los ciudadanos.La lucha contra la corrupción es otro eje central y una de las mayores expectativas de la sociedad. La percepción de corrupción en el sistema judicial ha mermado la confianza pública en la justicia, por lo que los gobiernos estatales deben adoptar medidas serias para combatir este problema. Esto implica la creación de mecanismos de control y denuncia, la transparencia en la selección y desempeño de jueces y la colaboración con organismos de la sociedad civil que puedan supervisar el cumplimiento de estos procesos. Sin un esfuerzo firme contra la corrupción, cualquier avance en términos de acceso y eficiencia de la justicia quedaría minado.Además, la implementación de esta reforma podría generar tensiones y resistencias dentro de las propias estructuras judiciales, ya que implica cambios significativos en una institución con tradiciones y prácticas establecidas. Los gobernadores deberán estar preparados para gestionar estas resistencias, apoyando un cambio estructural que implique la adaptación de todos los actores involucrados sin desviarse del objetivo de una justicia efectiva y accesible. La capacidad de los mandatarios para fomentar la cooperación entre los distintos sectores del sistema judicial y otros actores clave, como la sociedad civil, será fundamental para superar estos desafíos.En este contexto, el papel de los gobernadores va más allá de asignar recursos o supervisar. Su rol debe ser el de un líder activo en la transformación del sistema, promoviendo una cultura de legalidad y respetando los principios judiciales. Para que esta tenga un impacto duradero y no se limite a cambios superficiales, los mandatarios estatales deben fomentar la transparencia, proteger la independencia judicial y asegurar que los derechos de los ciudadanos sean la brújula que guíe en todo momento.Debemos de recordar que una de las mayores preocupaciones sobre la reforma a nivel federal ha sido que rompe con el sistema de carrera al interior del poder judicial como requisito para ocupar ciertos puestos, cuestión que a nivel estatal no existe (y se nota) por lo que la reforma a nivel estatal representa una oportunidad para mejorar los lamentables sistemas de impartición de justicia, pero su éxito depende en gran medida de la capacidad de los gobiernos locales para enfrentar estos desafíos con voluntad y liderazgo. La ciudadanía demanda un sistema de justicia más confiable y accesible, y los nuevos gobiernos tienen la oportunidad de construir un legado que beneficie a las futuras generaciones.
