Al igual que en el tema de la verificación vehicular, donde la intervención excesiva de la oficina de la jefatura de gabinete que encabeza Hugo Luna (señalado por el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, de ser el que azuza los ataques del gobierno estatal contra la casa de estudios) provocó el retraso de casi dos años en el arranque de ese programa, nuevamente la Secretaría del Medio Ambiente, a cargo de Sergio Graff, tampoco pudo evitar toda la operación que se volvió a desplegar de esa influyente instancia en el asunto del vertedero municipal que se pretendía construir en Tala y que terminó por cancelarse por las protestas de los habitantes de aquel municipio.El pomposamente llamado Centro Integral de Economía Circular (CIEC) nunca fue socializado debidamente entre la población, los trámites ante el ayuntamiento fueron, por decir lo menos, erráticos, al igual que las negociaciones y el cumplimiento de compromisos con los ejidatarios que vendieron los terrenos donde operaría el nuevo vertedero que sustituiría el basurero de Los Laureles, de Tonalá, que el gobierno alfarista prometió empezar a cerrar este 2021.Este mal manejo provocó que se generara todo un mal ambiente para un proyecto que técnicamente fue avalado por los más reconocidos expertos en temas de disposición final de residuos del país, como Gerardo Bernache Pérez, quien lo único que cuestionó fue que el proyecto quedara en manos de la empresa Caabsa Eagle, sin licitación de por medio y pese a todos los incumplimientos y la desastrosa gestión que hizo del tiradero de Los Laureles. Como se sabe, esta empresa es concesionaria de la recolección, transporte y disposición final de los residuos en Guadalajara desde 1994, año en que se comprometieron, entre otras cosas, a impulsar un programa de separación de basura, de producción de composta y sobre todo de instalar un tiradero que no contaminara con sus lixiviados el entorno, sin que haya cumplido con una sola de esas promesas pese a las altas contraprestaciones que cobra al ayuntamiento tapatío.Por eso, de este nuevo tropiezo, se puede sacar algo positivo como sería que Guadalajara deje de evadir su obligación y se encargue nuevamente de hacer un manejo más sustentable de los desechos que todos generamos, dejando el camino fácil de dejar esa función básica a una empresa privada que sólo ha visto por sus intereses y no por los de la ciudad. En ese sentido, es oportuna la petición del alcalde electo de Guadalajara, Pablo Lemus, de reconsiderar la ampliación de la concesión a Caabsa Eagle por 15 años aprobada el 27 de agosto pasado bajo el argumento de que se haría cargo del vertedero de Tala, ya que de lo contrario una vez que asuma la presidencia él revertiría ese contrato. Aquí habría que apuntar, que desde hace 5 años Zapopan retomó el control del basurero de Picachos, que era manejado pésimamente por una empresa privada, y que ahora presenta una mejora reconocida por propios y extraños.Es, pues, el momento de que tras este descalabro los municipios metropolitanos asuman su responsabilidad de tener un manejo más sustentable de los desechos, y la instancia obligada para articular ese esfuerzo es el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), del que muy poco hemos oído hablar en tiempos recientes. jbarrera4r@gmail.com
