Miércoles, 30 de Septiembre 2020
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Mil días

Por: Laura Castro Golarte

Mil días

Mil días

Jalisco ocupa el segundo lugar en número de personas desaparecidas en el país, sólo después del Estado de México. Hace un mes se presentó el “Informe sobre Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas” de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, y los datos son desalentadores y preocupantes.

En Jalisco hay 10 mil 237 personas desaparecidas y los municipios que están a la cabeza de esta estadística son los de la zona metropolitana, es decir, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá, en ese orden, además de Puerto Vallarta, El Salto, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Tala. 

El informe arroja otro dato importante: de los reportes de personas desaparecidas desde Jalisco ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), se han atendido casi 79% con la apertura de 156 expedientes; en Jalisco, sólo se han iniciado poco más de 40 investigaciones que representan apenas 20%, poco más. Y, terrible en verdad, entre diciembre de 2018 y junio de 2020 se han localizado en varios puntos del Estado fosas clandestinas de las que han sido exhumados 487 cuerpos que representan casi 29% del total nacional; en esto Jalisco también tiene el primer lugar.

Con estos datos y en este contexto, de una realidad que es profundamente dolorosa para quienes la padecen de manera directa y que para el resto de la población es muy preocupante, era para que Jalisco estuviera a la vanguardia en los marcos legales que tienen como objetivos y propósitos mejorar las acciones de búsqueda, aplicar esquemas de coordinación, atención a víctimas, certezas y seguridad para los familiares con la declaración de ausencia, sistemas informáticos sólidos y eficientes así como bases de datos y otros mecanismos sobre todo para emprender las búsquedas de inmediato, factor que hace la diferencia para hallar a las personas con vida.

Desde 2017 se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y entró en vigor el 16 de enero de 2018. A partir de ese momento, los estados de la República disponían de 180 días “para armonizar sus leyes y generar condiciones jurídicas para que la Ley General se cumpla”, según el recuento de los mil días que han pasado desde el 17 de noviembre del 17, que hizo y compartió en redes el colectivo integrado por familiares y especialistas de universidades como el ITESO, a través de su Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J., titulado “Crónica de un proceso equívoco” (ver en @DhITESO en Twitter). Pero en Jalisco, además de que pasó el periodo sin que se hiciera algo, en estos momentos se están tratando de aprobar al vapor y haciendo a un lado a los familiares y expertos, las tres iniciativas de ley que envió Enrique Alfaro en octubre del año pasado.

A pesar de promesas de coordinación, diálogo y revisión conjunta, y del trabajo que realizaron los colectivos y los especialistas que incluyen la entrega -desde abril- de observaciones a las tres iniciativas turnadas a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso, que preside Jorge González Arana, el Legislativo sigue ignorando a los colectivos y no sólo eso, el diputado González cuestionó la participación del ITESO y convoca a unas mesas técnicas para observaciones (eso ya se hizo) a unas organizaciones y a otras no, en un franco intento de dividir y excluir y, sin duda alguna, de pasar las leyes sin incluir a las familias ni las observaciones entregadas hace cuatro meses y que son muy importantes para lograr, como los colectivos dicen, “una ley que sirva” y no un marco “infértil” si se deja de lado la experiencia de quienes pasan o han pasado por estas circunstancias tan fuertes y dolorosas.

Independientemente de que la ONU reconoce y recomienda la participación de universidades en estos procesos, el ITESO específicamente es una institución que se ha distinguido por trabajar con profesionalismo y profunda conciencia social, en esta y otras causas que tienen que ver con la defensa de los Derechos Humanos. Cualquier trabajo con esta orientación es para agradecer y reconocer, ¿cómo es posible que el diputado González lo critique? El mundo al revés con esta gente. Todo el trabajo de acompañamiento y las propuestas tienen el propósito de aportar para enriquecer el marco legal en esta materia, ¿por qué el desdén? ¿Por qué la negligencia y la falta de respuestas? Es incomprensible.

La participación de familiares, especialistas y de los funcionarios a quienes corresponderá aplicar las leyes es fundamental antes de que se aprueben. Como están, presentan deficiencias graves. Los colectivos dicen: “algunos artículos no responden a las particularidades de Jalisco, obstaculizan la búsqueda inmediata, participación y rendición de cuentas; contradicen a la Constitución Mexicana y podrían hacer difícil o imposible el cumplimiento de la ley”. 

En los mil días que han pasado, han desaparecido en Jalisco cuatro mil 200 personas. La Comisión legislativa está a tiempo de rectificar y el Congreso en pleno. #SinLasFamiliasNo.

(lauracastro05@gmail.com)

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