Los límites estatales se han vuelto un tema de seguridad en todo el país. Los gobernadores de Durango, Coahuila y Jalisco han pedido, en diferentes formas y en diferentes momentos, reforzar la seguridad con el estado de Zacatecas. Jalisco pide también vigilar lo que sucede en los límites del estado con Guanajuato y Michoacán. Y seguramente Guanajuato, Nayarit, Colima, Zacatecas, Durango y Michoacán opinan lo mismo del riesgo de sus zonas limítrofes con Jalisco, pues en eso de grupos de crimen organizado no cantamos mal las rancheras, por el contrario, somos exportadores de violencia.Sin negar que se trate de una preocupación genuina de todos los gobiernos por proteger a los ciudadanos de su estado, cada uno en la lógica de su mandato y protección del territorio, si seguimos viendo la seguridad con un enfoque estatal el único que saldrá ganando es el crimen organizado. Mientras la única solución que se les ocurra a los gobernadores de todos los partidos sea culpar a otros de lo que pasa en el territorio a su cargo y pedir que sea el gobierno federal quien resuelva el problema no vamos a avanzar mucho, pues aún suponiendo la buena voluntad de las autoridades federales resulta imposible que la Guardia Nacional vigile, cual si fueran fronteras internacionales, cada límite estatal.No es un asunto de límites sino de capacidad, inteligencia policiaca y coordinación. Los controles territoriales que ejerce el crimen organizado van más allá de administraciones y delimitaciones. Si es difícil la coordinación entre municipios, entre entidades federativas lo es mucho más. Sin duda los cambios de jurisdicción son una ventaja para los criminales, pues con solo cruzar un rio cambian de estado, pero eso que hoy parece más una excusa de los gobiernos para explicar la violencia, obliga a pensar las cosas de manera distinta. La Guardia Nacional como apuesta única del gobierno de la República ha provocado que los estados tengan prácticamente que implorar que la federación se haga cargo de lo que ellos no pueden. Los discursos de ida y vuelta son cada vez más patéticos, con gobernadores agradecidos por algo que no sucede y el presidente ofreciendo apoyo como si no fuera su obligación. La realidad es que poco puede hacer la Guardia Nacional si los municipios entregan, por maldad o por presión, a la policía municipal al crimen organizado y si los gobernadores no fortalecen y depuran sus policías estatales. Pero de igual manera, mientras la Guardia Nacional no tenga una estrategia y asuma que su labor no es solo disuasiva sino de contención, el crimen organizado seguirá moviéndose a sus anchas, controlando rutas y territorios.diego.petersen@informador.com.mx
