El tema del aumento salarial para las diputadas y los diputados molestó en el Congreso de Jalisco, pero no porque consideren que es un asunto insensible ante las personas que ganan menos de un salario mínimo, sino porque se hizo público y saltó al debate, cuando había un acuerdo para manejar el asunto con bajo perfil.Cuentan algunos enterados que había un pacto de silencio para que el tema pasara sin levantar polvareda. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Quirino Velázquez, negó la paternidad de la iniciativa y responsabilizó a otras fracciones que la pusieron sobre la mesa, pero no precisó nombres.Todo indica que en el Poder Legislativo le apuestan a que los cuestionamientos se diluyan y, en diciembre, cuando intenten aprobarlo, el ojo público esté distraído en otros asuntos y el ajuste salarial se concrete sin mayores contratiempos. En medio de la crisis actual, la pregunta es: ¿Quiénes votarán a favor y en contra?* * *Ya que estamos en el Congreso, la legisladora Gabriela Cárdenas confirmó ayer dos noticias. Una es que en el Congreso del Estado se trabaja en la primera Ley de industrias creativas del país -dice que solamente hay algo similar en Colombia-. Y la segunda es que alistan una reforma a la Ley inmobiliaria para evitar fraudes en Jalisco ante el escándalo de AJP.En el dictamen, se pretende la creación de un registro estatal inmobiliario, por lo que todos deberán estar certificados. Y lo que sí podría ser una realidad es que se analiza si la acreditación tiene un costo.El tema recaudatorio no puede quedar fuera, como siempre.* * *El Instituto Mexicano para la Competitividad analizó los procesos de compras por parte de los Gobiernos estatales durante el año pasado. Sin embargo, detectó ineficiencias que limitan el acceso a la información.Algunas de las fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia fueron: información fragmentada, falta de homologación, errores en el registro y documentación inaccesible.En el caso de Jalisco llamó la atención que fue “líder” por el monto asignado a empresas de reciente creación durante el año pasado. En otras palabras, pagó 122 millones de pesos a empresas que fueron constituidas con menos de un año de operación. Salieron privilegiadas.
