A partir de este martes José Antonio Pérez Juárez fue reinstalado como director de Reinserción Social del Estado, según confirmó esta mañana el coordinador de coordinador el Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, luego de que quedaran “disipadas” algunas dudas que se tenían sobre su función y tras lo cual “no se encontró nada anormal en su conducta ni se tuvo algún motivo para desconfiar de él”.“Trascendió en algunos medios que (Pérez Juárez) había firmado unos convenios con algunas ONGs, lo cual nos pareció dudoso jurídicamente. Entonces queremos ser muy estrictos en el área de seguridad y decidimos separarlo unos días en lo que se investigaba, no hay ninguna ilegalidad en eso, tal vez alguna pequeña falta de forma”, expresó Tamez Guajardo.Dijo, que los convenios consistían en la participación de algunas organizaciones civiles que buscaban incidir en la capacitación y la promoción en la reinserción social, lo cual consideró “la intención era noble”, sin embargo, al buscar ser estrictos con la seguridad de los centros prefirieron analizarlos, así como se podría analizar a cualquier funcionario relacionado con el Sistema de Seguridad, incluyéndose él mismo.“Todos estamos sujetos a investigación permanente. Antes de entrar, quienes ingresamos al Gobierno del Estado de Jalisco y en particular en el área de seguridad, fuimos todos investigados, de tal manera que quien entró lo hizo limpiamente, como el señor Pérez Juárez. No tenía antecedentes, presentó carta de no antecedentes penales acompañada de un buen proyecto de reinserción social, pero todos seguimos investigados”, dijo.El coordinador negó que su inhabilitación estuviera relacionada con el tema de la empresa que realiza hemodiálisis dentro del Penal de Puente Grande, a la cual se le habían retrasado algunos pagos por parte de la administración pasada del gobierno estatal, situación que ya fue abordada por la Secretaría de Administración Finanzas actual, ante lo cual no se suspendió el servicio ofrecido a los reclusos con insuficiencia renal crónicaEl pasado 2 de febrero y a poco de cumplir sus primeros dos meses de gestión, el Gobierno del Estado confirmó su separación del cargo, asegurando que no había sido despedido, sino “inhabiitado de sus funciones por tiempo indefinido”, sin que se explicara entonces el porqué de la decisión.Ante dicha separación, había quedado a cargo Roberto Lares Gil, quien se desempeñaba como director del Reclusorio Metropolitano.NM
