Activistas y familiares de víctimas denunciaron omisiones e impunidad en las investigaciones de casos de feminicidios en Jalisco. La investigadora Guadalupe Ramos Ponce, consideró que no es casualidad que actualmente sólo haya 11 agresores cumpliendo sentencia por ese delito.Explicó que persiste una cadena de impunidad que comienza con que únicamente 2 de cada 10 asesinatos de mujeres se investigan como feminicidios, luego la incorrecta aplicación de protocolos en las indagatorias, la emisión de sentencias mínimas sin visión de género y en algunos casos hasta la reclasificación de delito.“Hay deficiencias desde el inicio de la investigación, se supone que hay un protocolo que es uno de los mejores de América latina que si se siguiera como debe ser todos los casos que son feminicidios serían investigados como tal. Además, llegar al proceso de vinculación y a una sentencia que sea la que corresponde; vemos una serie de obstáculos en todo el proceso de acceso a la justicia”, argumentó.La especialista dijo que por estas fallas en las investigaciones y sentencias la mayor parte de las víctimas indirectas, como hijos y familiares; no reciben la atención y seguimiento adecuado.La integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), comentó que, en casos donde acompaña a las familias, han impugnado sentencias porque son las mínimas y no consideran la reparación integral de daño para las familias.Vía solicitud de transparencia, EL INFORMADOR documentó que la Fiscalía estatal registró 393 víctimas desde que se tipificó en Jalisco el delito de feminicidio en noviembre de 2012; pero actualmente sólo hay 11 personas condenadas y cumpliendo sentencia por esa causa. La Dirección General de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía reportó que además hay cinco acusados en proceso de apelación; 22 en etapa de instrucción y otros cuatro asuntos archivados. En el primer juicio por feminicidio, iniciado hace nueve años, el proceso sigue abierto y con amparo de por medio.Denuncian protección a presunto feminicidaFamiliares de Dulce Castañeda Cortés señalaron irregularidades en la investigación del caso y protección para el presunto feminicida. El padre de la víctima, Enrique Castañeda, afirmó que están cansados, que han sido amenazados y son presionados para llegar a una conciliación y cerrar el caso aceptando que se trató de un suicidio. Comentó que sus nietos fueron separados pues un menor se quedó con ellos y dos están con el padre y presunto agresor.Una hermana de la víctima relató que Dulce le había comentado de ataques por parte de su esposo y que fue víctima de violación. Aseveró que el agresor presume que tiene protección por ser empleado del Congreso estatal.“Él siempre ha dicho que como trabaja en el Congreso, perdón la palabra, todos se la pelan. Está apoyado por Irene Trejo (ex líder sindical) y la diputada María Esther López Chávez. Nos mandó a decir que a todos nos iba a meter a la cárcel y que nunca nos van a hacer caso porque estamos jodidos”, dijo.La familia de Dulce colocó una lona y pancartas exigiendo justicia en la antimonumenta, a un costado de Plaza de Armas.LS
