Martes, 21 de Septiembre 2021

A Guadalupe la “castigan” porque huyó de su agresor

Pese a que sufrió violencia por parte de su pareja, no ve a su hija desde hace 6 años; su abogado señala que a los jueces les hace falta laborar con perspectiva de género
 

Por: El Informador

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que 29.2% de las oaxaqueñas de 15 años y más, que están o han estado casadas, han vivido vejaciones sexuales, violencia físico, emocional y económica. ARCHIVO

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que 29.2% de las oaxaqueñas de 15 años y más, que están o han estado casadas, han vivido vejaciones sexuales, violencia físico, emocional y económica. ARCHIVO

A Guadalupe Marín, de 31 años, le han negado el derecho de ver a su hija desde hace seis años. Originaria de Mazatlán Villa de Flores y hablante de mazateco, tiene un expediente penal sobre la guardia y custodia de la pequeña, después de vivir violencia en su hogar y de que se la arrebataran en noviembre de 2016. “Desde ese entonces ya no pude verla”, cuenta.

Lupita vivía desde 2014 con su ex pareja. Al principio todo era normal, recuerda; no obstante, desde su embarazo comenzó a sufrir violencia; su familia política criticaba su vestimenta y controlaba hasta el tiempo que tardaba en hacer los mandados.

“Me empezaron a vigilar para que no platicara con nadie; tampoco podía recibir visitas. Una vez que nació mi hija, en 2015, siempre lloraba aunque la cuidara y se enfermaba mucho, por lo que ellos me culpaban”.

Paulatinamente, Lupita comenzó a vivir en un ambiente de agresiones en el que no se le permitía opinar; además, vivió violencia física y económica. En noviembre de 2016, su pareja la golpeó tras un incidente doméstico y le arrebató a su hija.

Desde entonces, la encerraron en un cuarto y no la dejaron verla. En medio de amenazas y maltrato, Lupita guardó silencio. Su hija ya tiene seis años, pero desde hace cinco años y siete meses, no ha vuelto a verla.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que 29.2% de las oaxaqueñas de 15 años y más, que están o han estado casadas, han vivido vejaciones sexuales, violencia físico, emocional y económica.

De esa cifra, 45% de las mujeres vivió violencia grave y 31.2%, violencia muy grave.

Lupita cuenta que pidió ayuda a su hermana, quien fue por ella y se la llevó a Huautla de Jiménez, a dos horas de Mazatlán Villa de Flores. Para entonces, tenía casi un mes sin ver a su hija, quien permanecía encerrada en un cuarto, vigilada por su abuela.

Sin conocimiento de cómo proceder legalmente, fue hasta abril del siguiente año cuando inició un proceso para recuperar a la niña. Fue entonces cuando supo que había una demanda en su contra por abandono de hogar. Aunque el juez le sugirió volver a la casa, a pesar de la violencia que vivió, ella decidió no regresar.

Una ley incomprensible

Sin medios para pagar un abogado, Lupita recurrió a uno de oficio, pero los asesores legales y los jueces la revictimizaron. A ello se sumó la dificultad que suelen tener hablantes de lenguas indígenas, en este caso, el mazateco, para interpretar términos jurídicos.

Sobre el tema, el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), resalta que para garantizar un debido proceso legal es fundamental contar con traductores de lenguas indígenas. Este derecho está contenido en la Constitución mexicana, en el artículo 2.

Con el acompañamiento de grupos feministas, como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y Equidad Oaxaca, Lupita obtuvo la custodia provisional de su hija el 7 de abril de 2017, mientras su ex pareja no se presentaba a las audiencias y éstas se posponían. Fue entonces cuando intentó recuperarla en el domicilio donde vivía, pero se la negaron.

En agosto, el juez concedió a la ex pareja de Lupita la custodia de la niña, a pesar de que la solicitud fue interpuesta en una fecha posterior al inicio del proceso. Desde entonces, el hombre ha interpuesto al menos cuatro amparos, para evitar que la niña conviva con su madre.

Tras negarle continuamente el derecho de ver a su hija, su ex pareja se hizo acreedor de multas y arrestos, pero no se ejecutaron. Lupita buscó entonces la guardia y custodia de su hija, pero el padre no se presentó a la última audiencia. Por ello, supuestamente fue arrestado y llevado a la cárcel municipal; no obstante, la visita de verificación de la actuaria en los separos evidenció que el sujeto no estaba preso, porque “tenía problemas de salud”.

Ser mujer, pobre e indígena

Finalmente, ella encontró un abogado con enfoque de género dispuesto a ayudarla, pero falleció poco tiempo después. Luego, un juez determinó que Lupita viera a su hija en el DIF de Huautla de Jiménez por espacio de dos horas, pero la niña no fue llevada a las citas. A pesar de que la sede fue cambiada a los juzgados, la niña nunca llegó.

Por el contrario, iniciaron un recurso de apelación para evitar que Lupita conviva con su hija.

Además, el juez fijó una pensión alimenticia de mil 417 pesos quincenales, monto incosteable para ella, que vive en una comunidad de alta marginación y está desempleada por la pandemia.

En marzo pasado, el caso fue tomado por el jurista Rogelio Ruiz, quien afirma que no se ha protegido el interés superior de la menor de edad y que las multas y arrestos contra el padre de la han sido inservibles para hacerle cumplir los requerimientos.

Ante ello, el abogado solicitó al juez medidas más eficaces para lograr la recuperación de la menor, así como asesoría de una psicóloga infantil, acompañamiento de un médico legista y de elementos de seguridad, pero el recurso fue negado. “No se trata de un derecho de los padres, sino del de la menor, de que conviva con su madre, pero se le está haciendo caso omiso”, señala.

El abogado señala que la pensión que la madre debe cubrir fue una disposición fijada sin tomar en cuenta las condiciones económicas de la deudora; a los jueces les hace falta tener perspectiva de género y comprensión de los contextos indígenas, afirma.

“El juez fijó la pensión sin pensar en la situación actual y en las condiciones de mi comunidad. A veces hago trabajo doméstico, dos o tres veces por semana, pero no junto el dinero”, lamenta Lupita.

La decisión fue apelada y se inició un recurso de queja con la intención de que el caso llegue a la sala regional de Oaxaca.

Lupita dice que desconoce cómo su expareja logra los acuerdos con la justicia que evitan que tanto su hija como ella ejerzan su derecho de convivir. En la incertidumbre por el estado físico y emocional de su niña, teme que viva violencia como ella:

“Lo que yo quiero es que no se violenten los derechos de mi hija, que mi caso se difunda para que cuando ella tenga conocimiento de esto, sepa que su madre luchó por ella, que no la abandonó, como seguramente le han hecho creer”, apunta.

PROBLEMA. Los asesinatos de mujeres en Oaxaca y la violencia que se ejerce en su contra no han tenido freno en lo que va de este año.  SUN

TELÓN DE FONDO

En 24 horas, asesinan a dos mujeres en Oaxaca

El 27 de mayo pasado se publicó que en menos de 24 horas fueron asesinadas dos mujeres en Oaxaca. De acuerdo con el registro del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GES Mujer), en el año ya sumaban 33.

En San Dionisio del Mar, región del Istmo de Tehuantepec, una mujer fue asesinada a balazos en el bar donde trabajaba. Su cuerpo fue arrojado a un paraje.

Su cadáver fue encontrado el 26 de mayo. Las autoridades revelaron que el cuerpo mostraba signos de violencia. Después, informaron que la víctima tenía 40 años y trabajaba en el bar “El Huamuchil”. Era originaria de San Francisco del Mar.

En un hecho distinto, en Barranca Mano de León, en la región Mixteca de Oaxaca, un hombre identificado como M.G.M asesinó de un tiro en el rostro a su esposa.

El hombre disparó tras haber sostenido una discusión con la mujer, quien murió momentos después en su propia casa, frente a sus dos hijos.

Pese al conteo de las organizaciones civiles, hasta finales de abril la Fiscalía General del Estado de Oaxaca sólo tipificó como feminicidio 11 de los crímenes contra mujeres.

PARA SABER

Violencia

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que 29.2% de las oaxaqueñas de 15 años y más, que están o han estado casadas, han vivido vejaciones sexuales, violencia físico, emocional y económica.

De esa cifra, 45% de las mujeres vivió violencia grave y 31.2%, violencia muy grave.

Me empezaron a vigilar para que no platicara con nadie; tampoco podía recibir visitas.
Una vez que nació mi hija, en 2015, siempre lloraba aunque la cuidara y se enfermaba mucho, por lo que ellos me culpaban

- Guadalupe Marín, víctima de violencia.

La otra “pandemia”

En enero de este año, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que “la violencia contra las mujeres y niñas es la otra pandemia que enfrentamos todas las sociedades en el mundo”.

Hizo un llamado a los gobernadores, a los presidentes municipales y a los órganos de prevención y procuración de justicia “a sumarse a este esfuerzo para restablecer la paz y la tranquilidad que merecen las niñas y mujeres de nuestro país”.

“Queremos mujeres vivas, libres y autónomas, porque es nuestra responsabilidad garantizarlo y nuestro derecho”, dijo.

Señaló que para lograr este objetivo, la SSP contempla garantizar en las 32 mesas estatales y en las 266 coordinaciones regionales para la construcción de la paz la presencia y la participación del Instituto Nacional de las Mujeres, de las Comisiones Nacionales de Atención a la Violencia (Conavim) y otras instancias, las cuales abordarán el tema cada semana.

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