El paro de labores “seguirá hasta que den marcha atrás en el intento por aprobar la reforma al Poder Judicial Federal”, consideró Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del PJF.Expresó que acudirán a la marcha de este domingo, organizada por estudiantes en contra de la iniciativa. “Agradecemos infinitamente a magistrados, jueces y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se han sumado a esta resistencia y suspensión de labores por tiempo indefinido”.“Porque no vamos a conciliar absolutamente ningún término, hasta que esta indeseable reforma constitucional se detenga, porque la pretensión es destruir al país, eliminar la división de poderes”, enfatizó la vocera.Remarcó que, a pesar de la suspensión de labores en el Poder Judicial, se ha continuado la atención de asuntos urgentes.En la primera semana del paro de labores indefinido por parte de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, trabajadores inconformes turnaron al Consejo de la Judicatura Federal 626 asuntos urgentes para ser atendidos.Así lo informó la vocería del Movimiento de Trabajadores del Poder Judicial, misma que recordó que, como habían informado desde el primer día de las manifestaciones contra la reforma judicial, continuaron atendiendo casos graves para no afectar a los ciudadanos con el paro de sus labores.En el primer día de paro nacional, los trabajadores crearon grupos denominados Circuitos Unidos, que en su totalidad suman 32 y están constituidos por comités de las diferentes sedes. Preocupados porque la impartición de justicia no se vaya a la deriva, hicieron un calendario para la atención de asuntos urgentes, en los que hay guardias para darle continuidad a los trámites inaplazables sobre tortura, deportaciones, extradiciones y desaparición, entre otros, los cuales atienden en una carpa especial a la que se derivan apenas llegan a la zona de juzgados. El magistrado Reynaldo Reyes comentó que interpuso tres amparos contra el proceso que se lleva a cabo para aprobar la reforma judicial.Esto debido a que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados carece de facultades para este proceso.El magistrado Marco Polo Rosas expresó que la reforma constitucional que se propone no tiene como finalidad mejorar el sistema de justicia. Agregó que el PJF es el único Poder del Estado que tiene la facultad de que, si existe una ley inconstitucional, una violación a los derechos humanos, tiene la autoridad para decirle al Presidente, gobernador o alcalde que el proceder no es constitucional y tiene que reflexionar; de lo contrario, existe la fuerza del Estado para obligarlo a que lo realice de forma correcta.“Piensen, por ejemplo, en un partido político que tiene todo el poder y que realice leyes inconstitucionales, actos de autoridad arbitrarios. ¿Quisieran quedarse sin tribunales que los defiendan? Eso es lo que está en juego”, refirió el magistrado.Comentó que la carrera judicial, que pretenden eliminar, es una carrera de vida y especialización: “No somos improvisados, en promedio para llegar a ser juez es un lapso de 13 años”. La magistrada Elisa Jiménez dijo que la ciudadanía vive incertidumbre y miedo porque dependiendo de lo que se resuelva en definitiva y del comportamiento de quienes nos representan en el país se va a marcar un antes y después. CT
