La noche del 27 de marzo del 2022, una madre comenzó a impacientarse ante la ausencia de su hijo, que no llegaba a casa, mientras la noche de Durango, más allá de su ventana, parecía el hocico de un lobo. Las horas transcurrían en el goteo lento de la angustia. En un país como el nuestro, pensó lo peor, y la madrugada creciente desembocaría en la peor noticia que recibiría en toda su vida: su hijo jamás llegó. La mujer denunció ante las autoridades la desaparición de su hijo, lo cual derivó en una búsqueda infructífera que se prolongó por días. No había rastro: parecía haberse esfumado de la faz de la Tierra. Tiempo después, en un mensaje ajeno a las autoridades, la madre fue notificada de que su hijo, sin razones específicas, había sido detenido por la Guardia Nacional. Acudió de inmediato al cuartel de su entidad, pero sin los resultados esperados, pues los soldados negaron en seco haber detenido a su hijo, ni él ni a nadie, por lo que la mujer regresó a casa asfixiada en un abismo de confusión. La madre comenzó a quedarse sin opciones ni esperanzas, en las largas noches en las que la vida se le iba esperando que su hijo regresara a casa. Su situación dio un giro imprevisto, y aterrador, al recibir un video en el que se mostraba cómo su hijo había sido detenido por casi catorce elementos de la Guardia Nacional, y justo afuera del negocio donde él trabajaba. Al regresar al cuartel, la versión de los elementos de la Guardia Nacional cambió en el sentido en el que confirmaron la detención de su hijo, pero especificaron que había sido liberado poco después de la misma, por lo que se liberaban de cualquier responsabilidad de su desaparición. Diez días después, un cadáver apareció en el fondo de un arroyo, marcado por los signos inconfundibles de la violencia y la tortura. Era su hijo. Esta es la historia de José Luis Cisneros Burciaga, que fue detenido por catorce elementos de la Guardia Nacional el 27 de marzo de 2022, y que fue detenido ilegalmente, torturado, y ejecutado extrajudicialmente, de acuerdo con el informe oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el expediente 83VG/2022. En los testimonios brindados por los elementos que participaron en el arresto, se afirmó que José Luis Cisneros Burciaga se encontraba bajo los efectos del alcohol y mostraba un comportamiento hostil contra la Guardia Nacional. La evidencia demostró todo lo contrario: José Luis no estaba alcoholizado, y en todo momento colaboró con los mismos militares que lo condujeron a la muerte. Casi un año más tarde, este martes 25 de enero del 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó que las Fuerzas Armadas de México puedan realizar detenciones y arrestos sin informar de los mismos a la policía civil, bajo el supuesto de que seguirán el protocolo establecido, y registrarán a los detenidos en el sistema a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con el procedimiento previo, cada detención realizada por las Fuerzas Armadas tenía que ser notificada a la policía civil. Ahora, con la actualización constitucional de la SCJN, este paso será omitido para darle más autonomía y libertad a las Fuerzas Armadas en sus labores de seguridad pública. La noticia ha generado polémica y críticas por parte de los especialistas de Derechos Humanos, pues no hay nada que asegure que, efectivamente, los elementos de las Fuerzas Armadas registren los datos de los detenidos en la plataforma correspondiente, considerando las incontables denuncias de abuso, nacionales e internacionales, que existen en contra de estas instituciones.La relación de las Fuerzas Armadas con la población civil mexicana es conflictiva. Históricamente, están asociadas con casos de autoritarismo y brutalidad. Ejemplos tales como la Masacre de Tlatelolco en 1968, o las Matanzas de Acteal y Aguas Blancas a finales de la década de los 90, en las que el ejército reprimió y asesinó a civiles en cientos de casos que al día de hoy siguen impunes. No obstante, fue durante el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador que las fuerzas militares tuvieron un incremento considerable en las tareas de seguridad pública, lo que le valió críticas numerosas por afirmar que se estaba militarizando al país. Durante 2019, López Obrador creó la Guardia Nacional como reemplazo de la Policía Federal, y en mayo de 2020 formalizó su estatus al encomendarle a las fuerzas militares el brindarle apoyo a la misma. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos, "la Guardia Nacional es dirigida por militares, recibe entrenamiento de militares y está integrada mayormente por soldados". Al día de hoy, "los militares están habilitados legalmente para detener a civiles, hacerse cargo de las escenas del crimen y proteger evidencias".La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha advertido de lo comunes que son las detenciones arbitrarias e ilegales por parte de las Fuerzas Armadas, además de "un uso excesivo y arbitrario de la fuerza". Del mismo modo, Amnistía Internacional ha afirmado que las detenciones arbitrarias a manos de las instituciones de seguridad “son muy comunes y frecuentes”, basados en criterios "discriminatorios" en contra de hombres jóvenes que parezcan "sospechosos" por cuestiones de pobreza, o por pertenecer a grupos vulnerables tales como poblaciones indígenas o migrantes.En ese contexto, la asociación México Unido Contra la Delincuencia presenta en un documento la estadística alarmante de que la impunidad de las detenciones arbitrarias en México se mantiene cercana al 99%. Una investigación realizada por Adriana Ortega Arriaga muestra también que "las detenciones realizadas por el Ejército tienden a ser más violentas y la tortura es más frecuente comparada con las corporaciones civiles". De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos, en su Informe Mundial 2022, "entre 2013 y 2020, la CNDH recibió 3 mil 799 denuncias relacionadas con abusos militares".Con información de CNDH, Human Rights Watch, y México Unido Contra la DelincuenciaFS
