El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el reciente acuerdo que declara las principales obras de su Gobierno como temas de “seguridad nacional” sirve simplemente para “agilizar trámites” y no para evitar la rendición de cuentas.“Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar, y que podamos terminar las obras”, dijo el Mandatario.La oposición afirmó que la medida incentiva la opacidad. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que ya prepara una controversia constitucional.Los consejeros advirtieron una posible transgresión al artículo 6 de la Constitución, el cual señala que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, dijo que “cada día es más evidente que Andrés Manuel López Obrador cree estar por encima de la ley”.El decreto presidencial no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes, dicen empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, mediante un comunicado en su portal web.Argumentan que el acuerdo de Andrés Manuel López Obrador invade las facultades del Poder Legislativo, y que puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción de los megaproyectos impulsados por el Presidente.Mientras que Francisco Solares Alemán, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), afirmó en una conferencia de prensa: “expresamos nuestra preocupación de que con este decreto nos lleve a mayor improvisación, mayores costos, menor transparencia y deterioro en las obras. Estamos en contra de que esto suceda”.Según refiere el Consejo Coordinador Empresarial, el mencionado acuerdo incluye proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y aquellos que se consideren prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional; pero no toma en cuenta “que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo”.El CCE señaló que esta decisión “prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la Ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que serían irreversibles y que dejará a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión”.
