El presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó, en forma sorpresiva, el mando de los puertos, aduanas terrestres y marítimas a las fuerzas militares, que se encargarán de la supervisión de estos puntos estratégicos para el comercio exterior, lo que en opinión de expertos ‘ahorcará’ el comercio mercante, al afectar el intercambio de productos por alrededor de 800 mil millones de dólares. Sin consultar a Javier Jiménez Espriú, aún secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), el mandatario otorgó una tarea más de administración pública al ejército mexicano, lo que generó el descontento del funcionario, que habría presentado su renuncia al mandatario, misma que se ratificará o echará atrás este jueves. De acuerdo con Marcelino Tuero, presidente del Consejo Consultivo Marítimo Mercante, la decisión del presidente implicaría operaciones de comercio más lentas, debido a los obstáculos de inspección que implementan los militares. “Va a haber un estrangulamiento del comercio exterior, habrá una lentitud inmensa por parte de las aduanas para tramitar todo lo que los agentes aduanales tienen que hacer para exportar o importar una mercancía”, advirtió Tuero. López Obrador ha señalado que la intención en la militarización de los puertos es para que haya una mejora en la seguridad y se evite el tráfico de estupefacientes, como el fentanilo, que llega a los puertos de Manzanillo, en Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sin embargo, ambos puertos —los más importantes para el país por el volumen y sus conexiones internacionales— cuentan ya con capitanías de puertos dirigidas por elementos castrenses en retiro o con licencia. En Lázaro Cárdenas funge como capitán regional de puerto el contralmirante Ubaldo Gómez Rodríguez, mientras que en Manzanillo es Javier Mendoza Rosales el capitán regional del puerto, con el mismo grado militar. “Ya se probó que la Secretaría de Marina no pudo terminar con el tráfico de estupefacientes en Lázaro Cárdenas, allí el capitán de puerto y el director de la aduana marítima pertenecen a la marina; en Manzanillo el capitán de puerto es un contralmirante, entonces la forma en que se está tomando en que los militares serán quienes lo resuelvan, pero no es cierto”, agregó el presidente del Consejo Consultivo Marítimo Mercante. El comercio a través de los litorales mexicanos tiene también un fuerte componente tributario. De acuerdo con cifras de la autoridad fiscal mexicana, la recaudación bruta de la Administración General de Aduanas (AGA) a junio representó más de 420 mil millones de pesos. Además, Manzanillo, Veracruz, Tuxpan y Lázaro Cárdenas están dentro de las cinco aduanas con mayor recaudación en el primer semestre del año. En conjunto, las cuatro aduanas, todas ellas en puertos mexicanos, aportaron 36.8 por ciento del total recaudado entre enero y junio. Para Juan Carlos Merodio, miembro titular del Comité Marítimo Internacional de la ONU, el desarrollo de la Marina Mercante, encargada hasta ahora de promover la competitividad del comercio marítimo exterior e interior, no debe estar supeditada a un mando castrense. “También es cierto que la política y desarrollo de una Marina Mercante Nacional, que es de carácter típicamente civil y mercantil, no debe quedar bajo la tutela de una autoridad militar”, señaló Merodio a este diario vía correo electrónico. Merodio señaló que los puertos son gestionados por las Administraciones Portuarias Integrales (APIS), organismos federales o estatales adscritos al Fonatur, por lo que con el anuncio del presidente no queda claro si ahora la Secretaría de Marina (SEMAR) pasará a tener las acciones de estas organizaciones públicas. En ese caso, el gobierno tendría que transferir la titularidad accionaria de cada API a los elementos del ejército, con lo que la Marina estaría actuando en calidad de empresario portuario, advirtió el también catedrático en Derecho Marítimo en la UNAM.Señalan inconstitucionalidad La preocupación de los expertos es que cada vez más, bajo el argumento de combatir la corrupción, el Ejecutivo federal delegue funciones de la administración pública a mandos militares, en lugar de ponerlos en manos de autoridades civiles, como establece la Constitución. La ruta para concretar el control militar de puertos y aduanas no está clara aún, sin embargo, cualquiera de los caminos, un decreto o un acuerdo, implicaría acciones inconstitucionales. “Hay conflictos de constitucionalidad, se dice que el presidente emitiría un decreto o un acuerdo, en cualquiera de las dos circunstancias estarían más allá de la Constitución, estaría invadiendo las atribuciones del Congreso”, señaló Rogelio Rodríguez Garduño, doctor en Derecho. Garduño agregó que las aduanas han sido rebasadas por el crimen e indicó que hoy se encuentran bajo el control de los grupos de delincuencia. “Por eso hemos tenido tres directores de aduana, prácticamente las aduanas son controladas por estas organizaciones. El presidente pretende que a los militares no les suceda eso, lamentablemente los militares también pueden ser cooptados por el crimen”, advirtió.
