Con la entrada en vigor de la Ley General para el Control del Tabaco en el país, cuyas modificaciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 16 de diciembre, las voces a favor y en contra de la nueva legislación se han recrudecido e incrementado el debate nacional. No solamente los no fumadores han fijado su postura, apoyando la medida, además, los comerciantes y los consumidores de tabaco exponen sus inconformidades y explican por qué.Tal es el caso del gremio comerciante. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), prevé un escenario desalentador para las tienditas, pequeños comercios de barrios populares, pues estimó que la nueva reglamentación provocará pérdidas de hasta el 25% en las ventas que, a su vez, tendrá impacto en 1.2 millones de establecimientos y los empleos que generan; además de que estimulará el aumento del mercado negro de los cigarros, por lo que pidió a los vendedores sumarse a las acciones contra la ley antitabaco.Rivera exhortó a los propietarios de tiendas a ampararse ante la Ley General para el Control del Tabaco, para lo cual ofreció asesoría a los dueños de comercios, además de que pondrá a su disposición un "machote" para que puedan sumarse a la acción comunitaria, aunque reconoció que no todos podrán hacerlo, porque un amparo puede llegar a costar entre 40 a 50 mil pesos, sin contar con que tarda entre 6 y 12 meses para emitirse. La Anpec concluyó que una de las tendencias predominantes del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador han sido las prohibiciones, a través de una política pública restrictiva, con consecuencias negativas y pocos o nulos beneficios para la ciudadanía, orquestadas por medio de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), bajo el mando de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que encabeza Hugo López-Gatell.OA
