La sentencia de 186 años y ocho meses que se le impuso a Pablo o Ramón “N”, 13 años después de haber participado en el episodio conocido como la masacre de los Arcos del Milenio, provoca, por decir lo menos, sentimientos encontrados.Por un lado, que bueno que tan siquiera no quede impune este hecho de violencia sin precedente en aquel entonces en la historia de Jalisco, y que convirtió la madrugada del 24 de noviembre de 2011 en una fecha que marco un antes y un después en la criminalidad en el estado. El lado negativo viene al caer en la cuenta de la lentitud de la justicia en el caso que más nos había crispado como comunidad al despertar con la noticia de que un grupo de sicarios había abandonado cuatro vehículos en los que apilaron 26 cadáveres, que luego se supo, eran de ciudadanos inocentes que nada tenían que ver con las disputas del narco.Desde luego ya habíamos vivido como tapatíos otras jornadas negras que nos habían sacudido. Pero ninguna con tanta saña.Preocupó desde entonces, que un convoy de al menos cuatro vehículos con 26 cadáveres circulara sin mayor problema por una de las avenidas más importantes de la ciudad.Por eso distintas voces de la sociedad llamaron a autoridades y a la comunidad a que tanta crueldad criminal nos conmoviera para actuar juntos contra los delincuentes y no evadir o minimizar el hecho con la salida fácil de siempre, que se trataba de ajustes de cuentas entre grupos rivales de la delincuencia organizada. Que no podíamos permitir que los delincuentes tomaran la ciudad como campo de batalla y nos ganaran nuestros espacios públicos con actos de terror para atemorizar a la población.La espiral de violencia no ha dejado de crecer de aquella fecha hasta hoy y que nos ha provocado nuevas masacres como los 11 albañiles ejecutados en Tonalá en febrero del 2021 a plena luz del día; la cruenta muerte de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno; la de las y los ocho chicos que laboraban en un call center de Zapopan: o los siete jóvenes, entre ellos cinco adolescentes, asesinados en una esquina del Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, por mencionar sólo los más recientes, nos deja claro que ni como comunidad, pero sobre todo ni el gobierno de entonces en Jalisco ni los sucesivos han hecho lo suficiente. Desde luego el gobierno federal tampoco, ni aquí ni en distintas regiones del país donde las masacres tampoco se han erradicado más que en la narrativa presidencial de la 4T. Además de las fallidas políticas públicas en materia de seguridad, otro factor es, sin duda, la impunidad y lentitud de nuestros poderes judiciales en el País y en los estados, que en el caso de la masacre de los Arcos del Milenio, tardaron casi 13 años en hacer justicia.
