Dudé en escribir sobre este tema. Temía promover y dar ideas a los abusivos. Concluí que el asunto merece una deliberación pública ya que está ampliamente socializado en medios y redes.Existen despachos de abogados y litigantes dedicados a impugnar cualquier multa de tránsito ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco (TJA). Se promocionan en redes y cobran una comisión del 25% al 30% del adeudo condonado. Incluso ofrecen promociones y paquetes.Contacté a dos de estos servicios. Me aseguraron que 95% de las multas impugnadas son anuladas. El dato coincide con lo publicado en notas periodísticas y respuestas públicas de transparencia.En los últimos seis años (2019-2024) el TJA dictó 22 mil 423 sentencias relacionadas con multas de movilidad, fotoinfracciones y adeudos vehiculares. Un promedio de 10 diarios. Esto representa una tercera parte de la carga laboral del tribunal que atiende otros temas.Estos despachos y abogados impugnan cualquier tipo de multa vehicular. Ya tienen el machote. Parece toda una lucrativa “rama” del derecho.Pero, ¿cuál es la frontera entre reclamar tu derecho y usar la ley para… incumplir la ley? No sé por qué me metí en este tema.Revisé cinco sentencias en línea disponibles en la página del TJA. Encontré algunas coincidencias interesantes.Los juicios demoran entre tres y cinco meses. En todos los casos se declaró la nulidad de las multas.Una de ellas, la correspondiente al juicio de nulidad V-1989/2024, el ciudadano demandante eliminó diez multas de la Policía Vial y Zapopan. Una de ellas por conducir bajo los influjos del alcohol. Las sentencias no detallan los montos condonados.Hay algo más: las autoridades no se defienden. Es decir, las áreas jurídicas no responden a las demandas y dejan perder los juicios.Los argumentos jurídicos para anular las infracciones se basan sobre todo en deficiencias en la notificación oportuna de la multa.El sancionado simplemente niega haber sido notificado —cosa que a menudo ocurre con las fotomultas— y el tribunal pide a la Policía Vial o los ayuntamientos que comprueben que se realizó el acto en tiempo y forma. Al no responder, se dicta sentencia a favor del ciudadano.En el juicio que usé de ejemplo la Policía Vial respondió una vez, pero después ya no atendió ante una ampliación de la demanda. Y Zapopan de plano ni siquiera contestó.En muchos casos las demandas se basan en argumentos sólidos y verificables, pero en muchas otras tengo serias dudas.¿Cómo distinguir entre ejercer libremente un derecho y evadir una responsabilidad con leguleyadas?¿De qué tamaño es el negocio de los abogados quitamultas? ¿Cuánto deja de recaudar el Estado por este fenómeno? ¿Por qué el Gobierno es omiso en combatir estos abusos? ¿No es injusto que mientras unos cumplen, otros se salen con la suya?Insisto, no sé por qué me meto en estos temas, pero es importante debatirlos. Los leo en jonathan.lomeli@informador.com.mx y en mis redes en donde me encuentran como @jnlomeli.
