El 13 de noviembre de 2023, el periódico Solo Ofertas publicó en su portada la foto de Enrique Alfaro hincado mientras se persignaba tras rendir su Quinto Informe. El titular rezaba: “¡Gracias!”. Y más abajo remataba: “Jalisco te agradece por cumplir tu palabra”. El gobernador desearía ver cada mañana esa imagen y ese titular ad nauseam en todas portadas de los diarios locales. Lo logra con algunos medios porque utiliza la publicidad gubernamental como una palanca de censura indirecta para premiar y castigar líneas editoriales. El artículo 13.3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos define esta práctica como una “censura indirecta” para “impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. El Solo Ofertas recibió el año pasado más pauta oficial que cualquier otro impreso: 6.5 millones de pesos (mdp). ¿Quizá porque es el periódico en Jalisco que garantiza una mayor pluralidad informativa? En 2023, el gobierno de Jalisco gastó 222.5 mdp en publicidad gubernamental para 68 medios, agencias y consultoras. Seis concentran el 57% del gasto: Indatcom (50 mdp); Televisa (24.6 mdp); La Covacha (15.6 mdp); Tv Azteca (15 mdp); Euzen (11.9 mdp) y Quiero Media (10.2 mdp). Las consultoras favoritas producen el discurso oficial -sí, los videoregaños nos cuestan millones- y los medios sometidos lo re-producen. Es un aparato propagandístico más que una política de comunicación social basada en la utilidad pública de la información. Otro ejemplo. En la pandemia, la información fue vital. Notisistema, consorcio mediático incómodo para el gobernador, recibió cero pesos para difundir mensajes oficiales sobre la crisis sanitaria. ¡Pero es la radiodifusora con más audiencia! El derecho a la información es como el derecho al agua: también debe ser potable y libre de contaminantes. Nuestra Carta Magna obliga al Estado a garantizar que sea “plural y oportuna” a través del canal de la libertad de expresión. Alfaro tiene derecho a decir con nuestro dinero que “revivió el río Santiago”, redujo los delitos a la mitad, cosechó más cadáveres en fosas y mejoró el transporte público. Pero por encima de su derecho está el derecho de 8 millones de jaliscienses a una información plural y contrastada. No sólo queremos saber qué hizo el gobierno sino cómo y qué resultados lo demuestran. Eso lo ofrecen sólo periodistas críticos, independientes y al margen del control gubernamental que ejerce a través de una pauta oficial discrecional. Jalisco no es Rusia o Corea del Norte para que prevalezca sólo la versión de estado. Un demócrata garantiza la libre expresión; un autoritario, la sepulta bajo una loza oficial incuestionable. Falta una Ley de Comunicación Social que fije criterios de asignación transparentes y técnicos para ejercer la pauta gubernamental. Hoy aplica todavía la máxima portillista: “no pago para que me peguen”. Medios y gobierno deben cambiar la forma de relacionarse en aras del derecho de las audiencias a la pluralidad informativa. Urge una nueva norma que proteja la libertad de expresión y evite el uso de fondos públicos para restringir la comunicación. Mientras no ocurra, igual que el agua que surte el SIAPA, los datos del gobernador tienen tratamiento, pero no son potables para el consumo ciudadano. Fe de erratas. Ayer señalé que entre los poderes judiciales locales, el de Jalisco es de los tienen menos sentencias (306) en comparación con las más de 9 mil en la Ciudad de México. El indicador correcto es “personas sentenciadas” en materia penal. Una disculpa por el descuido. jonathan.lomeli@informador.com.mx
