Desde que arribó al poder, el régimen gobernante ha asumido una actitud hostil contra la Organización de Estados Americanos (OEA) y, más en general, contra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fue claro desde un principio que la concepción de derechos humanos enarbolada por este sistema regional no correspondía con lo que entiende por eso el oficialismo en México. Una tras otra vez, el gobierno mexicano se ha puesto a favor, en el seno de la OEA, de regímenes dictatoriales y tiránicos como el venezolano o el cubano. Para la concepción de derechos humanos que se ha venido manufacturando en Caracas, La Habana, y ahora en la Ciudad de México, los declarados enemigos del “pueblo” no son necesariamente sujetos a la protección del sistema de derechos humanos. Es decir, bajo esta noción, estos no son universales.Que el régimen encabezado por Morena y sus aliados ha decidido dar un paso mayor contra las instituciones panamericanas de resolución de controversias ha quedado claro en lo estipulado en el reciente proyecto de decreto anunciado por el oficialismo, según el cual no se permitirá ningún recurso para remediar errores en reformas constitucionales. Esto entrañaría también que el control de convencionalidad —que sujeta acciones del gobierno mexicano a los acuerdos interamericanos de derechos humanos— no sería aplicado en lo que se refiere a reformas constitucionales. Al parecer, el régimen vio que esto era ir demasiado lejos y aparentemente ha dado marcha atrás a la pretensión de pasarse por alto el sistema panamericano de derechos humanos. Pero no sabemos a ciencia cierta si esta será su última palabra. De todas maneras, el gobierno mexicano está a punto de entrar en colisión con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y corre el riesgo de ser sancionado. En efecto, una vez que se apruebe el decreto, el poder legislativo podría encontrarse en una situación de desacato de lo postulado tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ser así, entraríamos a una nueva etapa de la relación de México con estas instituciones.El desafío al derecho internacional por parte del oficialismo es ahora palmario, quizás como nunca antes. Se está jugando con fuego. El régimen que nos gobierna está arriesgando que México se convierta en un Estado paria. Es cierto que el populismo autoritario del siglo XXI recientemente ha arribado al poder en muchas zonas del orbe; no obstante, el régimen liberal internacional de solución de controversias y el sistema internacional de derechos humanos continúan siendo hegemónicos en todo el mundo. Salirse de este consenso sería muy riesgoso. Hay que decirlo claro: en ningún momento la sociedad mexicana ha consentido abandonar nuestra adhesión al sistema internacional de derechos humanos. En este sentido, se puede considerar que hoy existe la intención por parte de una minoría ruidosa de usurpar la decisión ciudadana sobre este aspecto.Quizás ha llegado la hora de que los amigos de la democracia liberal en nuestro país inicien una verdadera cruzada para, no solo hacer saber a los representantes de las naciones en el Hemisferio Occidental las intenciones del actual régimen gobernante en México, sino para establecer el equivalente a un lobby bien organizado y permanente en Washington, D.C. Ya es hora de ser fuertes.
