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Agua: ¿aumento de tarifa o política tarifaria?
Agua: ¿aumento de tarifa o política tarifaria?
En el Congreso del Estado tienen atorada la propuesta de tarifas del agua que deberá cobrar el SIAPA. Algunos grupos parlamentarios se han sentado en la posición de no aumentar el agua porque creen que eso les va a dar votos. Están pensando, una vez más, con una visión de corto plazo y de ganancia política problemas que son estructurales y de los cuales depende el futuro de la ciudad.
El primer error es simplificar la decisión sobre el aumento poniendo una cifra: 12.5 por ciento. En realidad, lo que tiene que aprobar el Congreso es una política tarifaria, un esquema complejo de incrementos y subsidios que tiene tres objetivos: 1) Asegurar el derecho humano al agua de todos los habitantes de la zona metropolitana; 2) Cobrar lo que se tenga que cobrar para subsidiar todo lo que se tenga que subsidiar y 3) Darle viabilidad financiera y operativa al sistema de agua, de manera que tengamos todos acceso a un servicio de agua confiable en calidad y cantidad.
Cuando, en 2013, el gobierno de Aristóteles Sandoval con Aristeo Mejía al frente del SIAPA propuso una Comisión Tarifaria independiente, se rompió con la inercia de los aumentos políticamente negociados entre los partidos para tener, por primera vez, una política de tarifas.
Esa política, sin duda mejorable, consistió principalmente en ir desapareciendo los subsidios generalizados para hacerlos puntuales y dirigidos y en reconocer el agua como un derecho humano (asegurando 50 litros habitante/día) a la vez que un bien escaso. Esta política tarifaria se topó con la política partidista: la llegada de los gobiernos de MC a Guadalajara y Zapopan en 2015 rompió el esquema. Regresaron a la decisión de aumentos decididos políticamente. La mala gestión técnica del SIAPA en el sexenio de Enrique Alfaro comenzó desde antes, cuando rompieron la política tarifaria. El gobierno de Lemus hoy es víctima de las malas decisiones tomadas por su partido desde que llegaron al poder en 2016.
Hay que cambiar el enfoque de la discusión. No se trata de ver qué fracción política tiene la mejor ocurrencia, si en vez de 12.5 el aumento es de 10, nueve o cuatro por ciento, sino cómo usamos la tarifa para hacer una política de agua. Es obligación del Estado (no solo del Poder Ejecutivo) asegurar agua potable en todas las casas, como también lo es cuidar los recursos naturales.
Así como necesitamos una política tarifaria que reconozca y asegure el derecho al agua, tenemos que castigar el desperdicio. Cada día será más difícil traer agua la ciudad desde fuentes lejanas. Nuestra única salida es cuidar nuestras fuentes, hacer más eficiente su distribución y reducir el consumo por habitante, y eso se logra generando conciencia, sí, pero sobre todo con un castigo al consumo excesivo: No, por más campañas que hagamos, nadie va a cerrar la llave de la regadera para ahorrar 25 litros, si eso le cuesta sólo 50 centavos.
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