Siempre he peleado por separar los conceptos de transparencia y derecho a la información. La transparencia es una cualidad de un objeto, o en este caso de una institución, el Gobierno en turno, mientras que el acceso a la información es un derecho fundamental, preexistente y superior a la voluntad de las instituciones. El derecho a la información es nuestro, es de los ciudadanos. La transparencia es una obligación de los gobernantes. Para efectos prácticos son las dos caras de la misma moneda. Sin embargo, hablar de transparencia ha enfocado los esfuerzos y la discusión en lo que sí y lo que no deben hacer los gobiernos en materia de información pública y no en el derecho ciudadano. Tenemos que partir de que toda información que se genere en el ejercicio de la administración pública, por derecho nos pertenece y debemos tener acceso a ella, salvo alguna que, por las pocas y específicas razones que limitan el derecho, puede ser reservada por un tiempo.La destrucción desde las cámaras de las instituciones que vigilaban el cumplimiento de este derecho, primero del INAI a nivel nacional con la participación de Morena, Verde, PT y Yunes, y luego en Jalisco del ITEI con la complicidad de Morena, Futuro, Hagamos y MC, es hasta ahora la mayor de las regresiones democráticas de las muchas que hemos vivido de la mano de la 4T. Un principio básico en la democracia es el sistema de equilibrios, o lo que es lo mismo, ninguna institución puede ser juez y parte. Dejar el derecho a la información en manos de la Secretaría Anticorrupción en lo federal y en la Secretaría de la Contraloría en lo estatal es una burla: será el propio Gobierno en turno quien decida sobre el acceso que podremos tener a la información del Gobierno. Un verdadero absurdo. Eso no asegura nuestro derecho a la información ni hace transparente a ningún Gobierno. Será una transparencia controlada.La salida que quieren dar en Jalisco para “ciudadanizar” el órgano de decisión es poner un consejo ciudadano, compuesto por rectores de universidades, algunos personajes de organismos colegiados o empresariales y los miembros del sistema anticorrupción. Con todo respeto, es una trampa. Terminarán siendo como los observadores en los concursos de compras o de obras: avaladores oficiales de decisiones que ellos no toman.Si de verdad Pablo Lemus y su Gobierno creen en la transparencia y la democracia, la salida debe ser mucho más radical: entregar la Secretaría de la Contraloría a los ciudadanos. Que ese consejo de ciudadanos que propone el gobernador no sea quien vigile las acciones de transparencia, sino quien nombre, a través de un concurso abierto, al contralor del Estado. Eso daría credibilidad al organismo que decida el acceso a la información y también a la Contraloría. Podríamos incluso pensar que en el futuro los funcionarios ya no se van a cubrir entre ellos, como ha sucedido hasta ahora.
