La muerte de 38 migrantes en el incendio de un “albergue” en Ciudad Juárez es el espantoso colofón de una fallida política migratoria en el sexenio lopezobradorista. Nadie puede decir que era previsible, así como nadie en el Gobierno, particularmente en el Instituto Nacional de Migración, puede negar las constantes llamadas de atención de los organismos defensores de derechos humanos y las propias instancias del Gobierno federal sobre el mal trato a los migrantes. El Gobierno obradorista pasó de un discurso de “vengan todos que aquí hay trabajo” que inició en octubre de 2018, a unas semanas de tomar posesión, a unas secas palabras de “seguro se enteraron que iban a ser deportados y por eso prendieron fuego” en la mañanera de ayer. En el inter, las famosas “dobladillas de espinazo”, como se conoce el momento en que el presidente Trump presionó y logró que “México se doblara”, para usar las palabras de Jared Kushner. La presión estadounidense logró un muro de militares en la frontera sur y que en la práctica México se convirtiera en tercer país seguro. El cambio de política provocó la renuncia de Tonatiuh Guillén, un estudioso del fenómeno migratorio que no estuvo de acuerdo con “los acuerdos no escritos”. En su lugar llegó Francisco Garduño, un político con experiencia en manejo de centros tutelares y prisiones. En política no hay coincidencias.Hay que llamar a las cosas por su nombre. La tragedia de Ciudad Juárez se da después de una redada, así con todas sus letras, organizada por el Instituto Nacional de Migración y la Policía local para retirar de las calles a los migrantes. No fueron llevados a un albergue, eso es un eufemismo, sino a un centro de detención donde estaban encerrados bajo llave y supervisados por dos custodios que huyeron y mantuvieron las puertas cerradas a pesar del fuego dentro del edificio. Se trata, pues, de un caso de negligencia criminal.Hay que revisar no sólo las prácticas cada día más represivas del INM (hay denuncia de malos tratos y extorsiones desde hace años) sino la política migratoria del país. La vecindad con Estados Unidos seguirá provocando flujos de migrantes que claramente no se resuelven exportando programas sociales como Sembrando Vidas. Antes la Constitución amparaba a los mexicanos por el hecho de ser mexicanos. A raíz de las reformas de 2011 estos derechos son para todas las personas en territorio mexicano (dice textual el primer párrafo: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”). La redada y el confinamiento de personas migrantes en México es una violación constitucional y a los derechos humanos. La respuesta del Estado ante la tragedia de debe ser de ese tamaño. diego.petersen@informador.com.mx
