El que Andrés Manuel López Obrador despotrique contra el Poder Judicial como lo ha hecho los últimos 13 meses que llegó Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no es novedad, pero que lo haya hecho ayer porque un juez otorgó un cambio de medida cautelar y mandó a prisión domiciliaria al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, suena poco creíble, a juzgar por lo que ha pasado con este caso desde que fue detenido en España a mediados del 2020.Utilizando los propios términos del Presidente, parece más bien un parapeto, un reclamo no sentido para este juzgador, pero que sirve para simular enojo cuando en realidad se siguen cumpliendo pactos con el fallido testigo protegido, al que se le trató con algodones desde que se le aprehendió en España luego de que Emilio Lozoya padre, viejo conocido del fiscal Alejandro Gertz, negoció con él las condiciones para traer a su hijo y “bajo el criterio de oportunidad” no encarcelarlo, sino darle desde el principio prisión domiciliaria. Por eso, este caso que inició como el gran golpe en el combate y castigo a la corrupción de la 4T que llegaría hasta los más altos niveles, se fue degradando hasta convertirse en el paradigma de la justicia selectiva y el uso político-electoral de la Fiscalía General de la República. Si Gertz Manero y el Gobierno de la 4T lo metieron a la cárcel en noviembre del 2021, se dio por toda la irritación social que causó ver en septiembre de ese mismo año a Lozoya Austin cenando pato a todo lujo en el restaurante Hunan de Las Lomas en la Ciudad de México.Por eso, tres años y medio después de estos yerros, titubeos y simulaciones, en los que Lozoya y la FGR nunca pudieron acreditar sus acusaciones contra quienes fueron sus superiores jerárquicos, el ex Presidente Enrique Peña Nieto, y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quienes culpaba de ordenarle repartir los casi 11 millones de dólares que recibió como soborno de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de obras en Pemex, la inconformidad presidencial suena hueca y vuelve a abrir nuevamente las sospechas que entre el Gobierno de la 4T y el anterior Gobierno priista de Enrique Peña Nieto exista una especie de pacto de impunidad.Lo dicho, este caso no sólo es un nuevo revés para la FGR de Gertz Manero, sino para todo el Gobierno de la 4T empezando por el Presidente, sino que el búmeran del Caso Lozoya abre otra frente a López Obrador, y a su candidata Claudia Sheinbaum, por haber revelado ayer que cuando Arturo Zaldívar era presidente de la SCJN, sí hablaba con los jueces en los casos delicados que él le encargaba, mientras que con Norma Piña, los jueces tienen “licencia para robar”, al defender su autonomía. En menudo lío metió a la candidata morenista a la Presidencia y a su asesor en temas judiciales el ex presidente de la Corte.jbarrera4r@gmail.com
