El presidente López Obrador siempre ha puesto por encima de todo a lo político. No han importado las consecuencias nunca de sus actos, si el fin político lo justifica.Así pasó en los meses posteriores en los que ganó las elecciones del 2018, en las que se convenció que para mandar un poderoso mensaje de que “ahora él mandaba” y que “el presidente de la República no sería ningún gerente”, decidió cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que era, en ese entonces, el mayor proyecto de infraestructura que se estaba construyendo en toda América Latina.En su equipo hubo personas que le advirtieron las serias consecuencias que esto tendría, no solo para las finanzas públicas por lo caro que saldría (330 mil millones de pesos), sino para toda la economía nacional. No importó.El presidente decidió cancelarlo y sacarse de la manga la adaptación de la base militar de Santa Lucía, como aeropuerto sustituto. Algunos empresarios alcahuetes le hicieron segunda prometiéndole que el Felipe Ángeles sería un “gran aeropuerto”. El capricho se cumplió, el proyecto que prometía que la CDMX se convertiría en un hub de conexión internacional y que podría manejar hasta 120 millones de pasajeros al año con sus 6 pistas, se fue a la basura.Esa decisión marcó todo el arranque del gobierno de López Obrador. El mensaje sí que fue contundente: el gobierno no tuvo empacho en destruir un proyecto rentable, financiado con deuda colocada en el mercado nacional y en el extranjero, que se pagaría con sus propios flujos, con decenas de contratos ya firmados y en marcha, fue destruido.La inversión privada se desplomó. Si el nuevo gobierno podía tomar así decisiones de ese tamaño y sin importar las consecuencias, ¿qué garantías tendrían las inversiones en otros sectores? Para nadie fue una sorpresa que la economía mexicana en 2019 no solo no creció, sino que se contrajo un 0.3 por ciento.Luego vino la pandemia y esa crisis opacó las terribles consecuencias de esa mala decisión presidencial por poner lo político por encima de lo económico.Hoy, a un mes de que el presidente deje el poder, amenaza con repetir la hazaña. Ahora no sería un aeropuerto, pero si introducir cambios en la Constitución que forzarían que los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial sean electos por voto popular. Y si fuera el caso de que los votantes tuvieran que elegir a una cantidad enorme de jueces en cada votación, entonces se podrían organizar tómbolas para definir quien accede a los puestos de impartición de justicia de este país.La jugada es claramente política, ya que AMLO siempre estuvo batallando para impulsar los cambios que pretendía sin fijarse en detalles de si eran legales o no. Cuando sus decretos chocaban y eran bateados por la Suprema Corte o invalidados por algún amparo otorgado por un juez, entonces el presidente frustrado enardecía y acusaba de que estaban controlados por la “mafia del poder”.Hoy, que tendrá en sus manos todo el poder por un mes completo, quiere ajustar cuentas con el Poder Judicial, destruir la carrera profesional dentro del mismo y forzar a los aspirantes de jueces a buscar los votos como puedan.Todo este despropósito, no soluciona ninguno de los problemas del sistema judicial o de la deficiente impartición de justicia en el país. Es político. Y lo peor es que generará graves consecuencias también en lo económico.Mientras que los inversionistas vieron en 2018 que este gobierno no le importa destruir sus propias palancas de desarrollo nacional, ahora verá que no le importa destruir las pocas instituciones independientes que quedan, sumiendo en un mar de incertidumbre a los posibles inversionistas.¿Quién podrá tener la garantía de que las controversias dirimidas en tribunales sean apegadas a derecho cuando los jueces y ministros serán electos de un pool de elegidos por la presidenta?Quitar las garantías básicas de imparcialidad y debilitar el Estado de derecho es la receta perfecta para producir otro gobierno de crecimiento económico mediocre, como este, con una pobre generación de empleos y con un nulo aumento en el nivel de vida.Y al final, sin crecimiento económico, ni siquiera el dinero para financiar los programas sociales está garantizado.¿Y la presidenta?, ¿pondrá también lo político por encima de todo lo demás?
