¿Quién vigila el rigor científico de las encuestas electorales? En estricto sentido, nadie. Su uso propagandístico se ha acentuado en estas campañas para influir en las preferencias del electorado. El ejemplo más común es cuando, a través del bombardeo demoscópico, se genera la inevitabilidad del triunfo de cierto candidato. Las facultades por ley del INE y el IEPC Jalisco se limitan a recopilar y transparentar en sus sitios web las encuestas publicadas acompañadas de los estudios que las respaldan, pero no evalúan el rigor de la metodología ni su confiabilidad. Todas las encuestas publicadas durante este proceso electoral sobre la contienda presidencial y candidaturas locales están disponibles en la web del INE y del IEPC Jalisco. En mi cuenta de X (@jnlomeli) comparto los enlaces para quien desee consultarlas. Allí las casas encuestadoras reportan de “buena fe” quién solicitó y patrocinó el estudio, la metodología, costos y resultados. Sin embargo, la máxima transparencia no es sinónimo de veracidad porque cada reportante consigna la información sin que nadie la audite. Significa que una encuestadora cumple con la ley a pesar de que algunas tienen la seriedad metodológica, según un experto, de poner a un gato -Segismundo en mi caso- a teclear números en la computadora para establecer preferencias electorales. La autoridad sólo documenta y transparenta las encuestas publicadas en medios impresos o electrónicos. En Jalisco hay 16 empresas que han difundido ejercicios sobre candidaturas locales. Sin embargo, en la mayoría de casos, el solicitante y patrocinador del estudio es la misma empresa demoscópica. Poco creíble cuando existe un jugoso mercado de encuestas electorales pagadas por actores políticos para influir en la percepción del electorado. En mi columna de ayer titulada “Tips para detectar encuestas electorales patito” compartí cómo la automatización, abaratamiento y tasas de rechazo de los ejercicios demoscópicos los hacen menos confiables. También más vulnerables a la manipulación. Se suman otras sutilezas que inciden en el resultado como el orden, fraseo y claridad de la pregunta. Incluso modifica la respuesta detalles tan nimios como solicitar al encuestado que evalúe el desempeño del Presidente antes de preguntar por quién votará. Las encuestas electorales, si bien son investigaciones científicas para medir la opinión del público, su finalidad jamás será predecir un resultado. Sólo plantean un momento de las preferencias electorales (cuando están bien hechas). ¿Necesitamos una nueva legislación? ¿Quién debe encargarse de normar esta actividad? ¿Qué papel tienen los colegios y asociaciones para promover la autorregulación? ¿Cuáles son las credenciales mínimas para ejercer esta profesión? Por ahora tenemos una legislación sui generis que se basa en la máxima publicidad y transparencia sin importar si hay irregularidades en lo reportado. Se parece mucho a exculpar a quien comete un delito siempre y cuando sea absolutamente “transparente”. La manipulación, venta de resultados y uso propagandístico de las encuestas en este proceso electoral son el elefante en la sala del que pocos hablan. jonathan.lomeli@informador.com.mx
