La historia se repite casi íntegra pero el incremento en la tarifa del transporte público no tiene parangón, es un golpazo para la economía familiar de las mayorías en esta Zona Metropolitana. Es un “ajuste” histórico, lo mismo que la represión a los manifestantes contra la medida, el viernes 26 de julio.Por lo menos desde 1994, estamos hablando de 25 años, los aumentos, siempre polémicos, siempre manipulados y manipuladores, siempre injustificados, habían sido de 50 centavos o de un peso, cuando mucho, no de tres pesos como el que entró en vigor el 27 de julio pasado para Tren Ligero y Macrobús con el anuncio de que se aplicará por lo menos en 10 rutas más en mes y medio; y en todas a partir de 2020.El impacto en el bolsillo de los usuarios es demoledor, porque el “apoyo” de los empresarios, el que dijo el gobernador Enrique Alfaro de 10 pesos diarios para compensar el incremento de 2.50 por cuatro viajes, ya explicó Diego Monraz (el mismo Diego Monraz que en 2007 dijo que el “pulpo camionero” era un mito y entonces habló de los transportistas como un gremio “responsable, preocupado por cambiar”) que se otorgará de manera voluntaria; es decir, no es una obligación y, por lo tanto, no significa que todos los trabajadores lo recibirán. Sí en cambio, los burócratas. En otras palabras, como usuarios y contribuyentes, también nos toca pagar el “apoyo” para los trabajadores al servicio del Estado.El aumento -agradezco las cuentas de Luis Ignacio Román Morales- de 7 a 9.50 pesos, es de 37 % y si consideramos, con base en los argumentos del gobernador, que se trata de cubrir por lo menos seis años de rezago en ajuste tarifario, el nivel inflacionario del periodo es de 23 por ciento. O sea, el golpe para la economía familiar es, en principio, de 14 %, porcentaje equivalente a la suma de la inflación anual entre 2012 y 2015, de hecho, superior.La cuestión no se queda aquí: resulta que casi nadie trae monedas de 50 centavos y menos de las amarillas, las grandecitas, que se han ido sustituyendo por las plateadas minúsculas. Las máquinas donde los usuarios depositan el importe del servicio no aceptan las moneditas plateadas, las regresan; y si lo que se deposita son 10 pesos, las máquinas no dan cambio. En pocas palabras, el incremento real fue de tres pesos; es decir, de 42%, lo cual confirma el golpazo para las familias cuyos ingresos no se han incrementado ni soñando, en la misma proporción, ni siquiera cercana.Y que el gobernador Enrique Alfaro venga a decir, casi a la semana del anuncio y a dos días de que entrara en vigor, que si no se hubiera tomado la decisión se habría sometido al sistema a un colapso financiero y dejaría de operar, me parece injusto y totalmente abusivo.Resulta que los jaliscienses, a quienes dice servir y poner en primer lugar, seremos los paganos de una serie de malas decisiones tomadas puntual y cíclicamente por sucesivos gobiernos y políticos, incluyéndolo, porque hace seis años tramitó un amparo contra un aumento que si bien no se justificaba por los precios de diésel, gasolina y energía eléctrica; es decir, por los costos de los insumos, sí se necesitaba para mejorar la calidad del servicio, son dos aspectos diferentes y se presentan engañosamente como uno. Así, como dice que da la cara y habla de frente, debería reconocer que en su momento tomó la mala decisión, con fines electorales por supuesto, de ampararse contra el ajuste. De haberse concretado entonces, el incremento se habría dado de manera gradual y no de un solo golpe como ahora. Él tiene responsabilidad en eso y serviría, por lo menos, que lo reconociera.Me adhiero a la propuesta del académico y economista Luis Ignacio Román en el sentido de diseñar estrategias alternativas para modificar la lógica de costos. El incremento en la tarifa es desproporcionado totalmente con respecto a los ingresos de los usuarios, entonces se podrían implementar mecanismos cooperativos entre transportistas pequeños y medianos, no los gigantes del pulpo camionero (que no es un mito), para abatir costos en los gastos de mantenimiento y mejorar la calidad. Claro que se puede, y no castigar, como siempre, a los usuarios.Este incremento de 37% o de 42 % en el servicio de transporte público depende de si tiene monedas de cincuenta centavos o no, de las amarillas, es violencia pura; es un golpazo a la economía familiar que no tiene precedente ni justificación. Porque, además, mientras Alfaro señala al Gobierno anterior de corrupto e irresponsable insiste en que fue antes de su Gobierno que se autorizó ajustar a 9.50 pesos el pasaje; y porque no reconoce, insisto, que el amparo que interpuso influyó en las decisiones de entonces y en las de ahora.(lauracastro05@gmail.com)
