Una amiga comenzó a estudiar un doctorado en la UdeG hace tres semanas. Su idea consistía en estudiar a tiempo completo durante tres años y subsistir con una beca del Conahcyt. Pero le avisaron que los estudiantes de su posgrado ya no tendrían beca debido al nuevo reglamento.Este es un tema silencioso pero vital. No escandaliza, pero debería. Hablamos de un universo pequeño de estudiantes pero esencial para el desarrollo de un país como generadores de conocimiento y alta especialización. Ahora muchos enfrentan incertidumbre sobre los apoyos que recibían. Todo inició con la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Así nació el Sistema Nacional de Posgrados que reclasifica los programas prioritarios y crea un nuevo reglamento de becas. El Conahcyt argumenta que ha habido una privatización del posgrado público nacional. En el país, según su diagnóstico, el 64 por ciento de los posgrados los ofrecen universidades privadas y sólo el 37 por ciento las universidades públicas. Las privadas naturalmente cobran colegiatura, pero el 75 por ciento de los posgrados en las públicas también lo hacen. El Conahcyt sostiene que los apoyos que se otorgan sirven mayormente para pagar cuotas a instituciones privadas y públicas, no para el sustento de los becarios, lo que desvirtúa su propósito y viola el mandato constitucional que garantiza la gratuidad de la educación superior. Y aquí viene lo interesante. En la nueva clasificación, el Conahcyt prioriza las becas dirigidas a ciertos programas de instituciones públicas, fija otros requisitos como contar con un mínimo de profesores-investigadores con reconocimiento ante el SNI, y establece un “acuerdo progresivo de gratuidad” para otorgar becas. Le dice a las universidades: para que tu posgrado sea elegible, el cobro máximo anual del programa no excederá lo correspondiente a un mes de beca de un estudiante. Esto es 14 mil pesos para maestría y 18 mil para doctorado. Asimismo, al cambiar la prioridad de los posgrados, el número de becas para cada uno disminuye según su relevancia. Hasta ahora la UdeG ha guardado silencio a diferencia de otras universidades públicas como las de Querétaro y Chihuahua que se pronunciaron en contra e incluso se ampararon ante la medida porque impacta en su arquitectura financiera. El tema también pasa por un asunto político. Fijar una postura implica una confrontación con el Gobierno federal en tiempos electorales y en días en los que se define el presupuesto del próximo año. Sin embargo, la UdeG sería una de las más afectadas porque es una de las universidades con más posgrados en el país. En el portal del Conahcyt aparecen 65 programas de posgrado de la UdeG como “no elegibles” para becas de un universo de 222 programas. En el pasado ciclo escolar había 4 mil 356 becarios que cursaban una maestría o doctorado en la UdeG. Parecen pocos, pero allí se fragua en gran medida el sentido crítico, el conocimiento y el pensamiento científico de nuestra sociedad. Este año, el Conahcyt ejercerá un presupuesto superior a los 13 mil millones de pesos para becas de posgrados, pero los nuevos criterios han generado incertidumbre y dudas. Una política pública bienintencionada, pero diseñada desde el escritorio de algún burócrata, podría generar lo contrario: socavar nuestro sistema de posgrados públicos en México. La investigación científica es uno de los principales motores del desarrollo de un país. Estudiar un doctorado se asemeja a un trabajo de tiempo completo. Sin una beca es imposible. Si no se arregla su beca de posgrado, mi amiga valora todas las opciones. Una de ellas es desertar.
