Pagar impuestos es una obligación. Nadie lo hace por gusto o placer. En el mejor de los casos se hace con resignación. Tradicionalmente son los gobiernos de izquierda quienes tienden a aumentar impuestos, mientras los de derecha buscan reducirlos. No es el caso de México donde los impuestos tienen mala fama tanto para unos como para otros. Ante la cerrazón del gobierno federal para discutir el destino del presupuesto, los gobiernos de los estados han tenido que idear maneras alternas de hacerse de recursos.En los últimos años el gobierno de Jalisco recurrió a la deuda. Sin que sea, ni de lejos, una situación como la de la Coahuila de Humberto Moreira o la Chihuahua en tiempos de César Duarte, adquirir más deuda no es ni política ni económicamente prudente. Ante ello se revivió un viejo proyecto de aumentar el Impuesto Sobre Nómina (ISN), con la promesa de que serán los empresarios quienes administrarán a través de un fideicomiso estos recursos, y que estarán dedicados a la infraestructura educativa. Si bien en principio parece una buena acción y un destino noble, hay tres puntos que deben discutirse a fondo antes de dar los siguientes pasos.Primero. El proyecto se ha vendido casi como una caridad empresarial, pues, se argumenta, que quienes pagan el impuesto sobre nómina son los empresarios y esto no afectará a los trabajadores. Por lo mismo, se plantea que el Fideicomiso quede en manos de empresarios. Aquí hay dos supuestos falsos. El primero es decir que el ISN lo pagan los empresarios, cuando en realidad lo pagan las empresas y las empresas son capital y trabajo. El punto extra no afectará sólo las utilidades (por ley, también participan los trabajadores y los sindicatos y deberían al menos estar en la discusión) sino traerá consecuencias en la vida misma de las empresas afectando salarios, condiciones laborales, contrataciones, etcétera.Segundo. Por lo mismo, el Fideicomiso no debería estar integrado sólo por empresarios, sino, en todo caso, por la más amplia representación social. El erario es un patrimonio público y cómo gastarlos es una atribución que corresponde solo a los diputados, la representación popular. Pensar que los empresarios tienen una especie de superioridad moral y que ellos podrán decidir mejor el destino de los recursos, me parece en el mejor de los casos, muy discutible, cuando no falso. Es la transparencia y la pluralidad de la representación lo único que puede hacer más eficiente y honesto el gasto.Tercero. Que el Fideicomiso nazca con el destino de los recursos etiquetados para infraestructura educativa es una trampa. El gobierno tiene un Instituto dedicado a ello, el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del estado de Jalisco (INFEJAL) que sustituyó al CAPECE creado por Alberto Cárdenas. Amén de los escándalos de corrupción sexenio a sexenio en este renglón, el riesgo de que el gobierno desatienda la infraestructura, le endose esta responsabilidad al nuevo fideicomiso y no exista un aumento en el gasto para educación es real. Pero la gran pregunta es: si el gobernador ya decidió de antemano el destino del recurso, ¿para qué sirve el Fideicomiso?
