Por considerarlo un fraude a la democracia, a la Constitución y a los votantes de Baja California, las y los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron la llamada “Ley Bonilla”, con la que el gobernador de esa entidad, Jaime Bonilla, electo en 2018 para gobernar sólo por dos años, pretendía ampliar delincuencialmente su mandato a cinco años.La SCJN demostró así que sólo eran rumores infundados las versiones que sostenían que en esta discusión se dividiría el voto en el pleno, por la incondicionalidad que presuntamente demostrarían los nuevos ministros al gobierno de la autollamada cuarta transformación. No fue así. Juan Luis González Carrancá, nombrado ministro el 1 de enero de 2019, y Jasmín Esquivel Mossa, nombrada ministra el 12 de marzo también del año pasado, a propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumaron al dictamen de Fernando Franco González Salas, que declaraba anticonstitucional la “Ley Bonilla”.Contrario a ese escenario de infiltración de la 4T en la SCJN, las y los 11 ministros probaron su independencia y autonomía al votar en forma unánime y coincidir en que el Congreso de Baja California violó la Constitución federal con la reforma a su Constitución local para ampliar el periodo de gobierno fijado a la hora de convocar a elecciones.Por donde se le vea, este golpe de autoridad de la Corte, además de diluir las suspicacias de que se estaba construyendo un Poder Judicial a modo para el gobierno morenista, fortalece nuestro sistema democrático al ser garante de nuestra constitucionalidad, ante un gobierno que ha mostrado claros signos de autoritarismo.Debe también ser un llamado de atención a los gobiernos estatales de todos los colores, tan susceptibles a caer por igual en este tipo de tentaciones con la coartada de un federalismo mal entendido y convenenciero como el que se intentó en Baja California.Otro gran efecto de la cátedra que nos dio ayer la SCJN es que se conjura, al menos por el momento, el riesgo de despertar ánimos reeleccionistas que se veían claramente en este fallido experimento que intentó Morena y que atentaba contra la democracia, al aumentar arbitrariamente el periodo de mando de un gobernador.Finalmente, la unanimidad de ayer en la Corte deja exhibida y mal parada no solo a la clase política y gubernamental de Baja California, cuyos contubernios que involucraron al gobernador panista saliente, Kiko de la Vega, al morenista entrante y a los corruptos diputados locales de todos los partidos que permitieron la aberración de cambiar, a capricho de Bonilla, la Ley, sino también a la cúpula del poder de este país. No se salva el Presidente, quien siempre fue laxo con las pretensiones ilegales de Bonilla, su amigo personal, y mucho menos la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, quien pese a su carácter de ex ministra de la SCJN, validó la reforma declarada ayer anticonstitucional, cuando felicitaba efusivamente a Jaime Bonilla luego de tomar posesión como gobernador. Sus convicciones democráticas y anticorrupción, junto con las de su partido Morena, quedaron gravemente en entredicho. A todos nos viene bien una señal alentadora como la que dio ayer la SCJN, en medio del desconcierto y la incertidumbre que vino a agravar la pandemia para el futuro del país.jbarrera4r@gmail.com
