Ayer las y los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC Jalisco) definieron los llamados topes de campaña que quedan en una gran simulación porque los partidos políticos y sus aspirantes a algún cargo de elección popular los ignoran y porque las autoridades electorales se quedan cortas en materia de fiscalización del gasto en las campañas. Por eso quedara en un decir que las y los candidatos a gobernador sólo podrán gastar 46 millones 234 mil 321 pesos, mientras que las y los aspirantes a una diputación de mayoría relativa su límite en teoría es de 2 millones 311 mil 716 pesos, mientras los que compitan por las alcaldías dependerá del tamaño y número de habitantes de sus respectivos municipios.Estas violaciones a la Ley Electoral que se repiten cada proceso electoral y quedan olímpicamente impunes, quedaron claramente expuestas en un libro publicado por Luis Carlos Ugalde, ex presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y por María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) luego del proceso electoral del 2018, titulado “Dinero bajo la mesa. El Financiamiento ilegal de las campañas”. El cálculo, en este estudio, es que por cada peso que los partidos políticos reportan a las autoridades electorales como gasto de campaña, hay otros quince pesos que no se declaran. Ahí se plantea además “el modus operandi de una práctica corrupta que está socavando los cimientos de la legalidad y equidad de las elecciones en México”, y cómo el sistema electoral ha fracasado en combatir los financiamientos públicos y privados ilegales de las campañas, convirtiéndose “en uno de los principales gérmenes de la corrupción en el país”. Fuera de la suspensión de las candidaturas de Morena a la gubernatura de Guerrero y Michoacán en las pasadas elecciones intermedias por incumplir en los informes de gastos de campaña, ni las autoridades electorales federales ni los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) han aplicado sanciones ejemplares para quien incurra en engaños y mienta en la rendición de cuentas del gasto de sus prerrogativas y donaciones. Las pocas veces que se les multa por este y otros conceptos, la multa se paga con el propio dinero que les da la autoridad, lo que resulta también una simulación.Nunca se ha impedido, por ejemplo, la llegada a los cargos de elección popular por los que contendieron a las y los candidatos que hayan violado los topes de campaña, pese a que han existido casos en los que se acredita esta ilegalidad.Urge, pues, que las autoridades electorales afinen sus esquemas de fiscalización pero sobre todo se animen a sentar precedentes con sanciones rigurosas que inhiban estas malas prácticas de los partidos, que efectivamente, abren los circuitos de corrupción y lavado de dinero de las mafias que luego someten a los gobiernos, como ya nos pasa.P.D. Estimado lector, lectora, muchas gracias por haberme acompañado con su lectura y comentarios a lo largo del 2023. Les deseo que pasen una Feliz Navidad y que el 2024 venga cargado de buenas noticias para usted y los suyos. Nos volvemos a encontrar por aquí el lunes 8 de enero. Felicidades. jbarrera4r@gmail.com
