La por consumarse reforma al Poder Judicial trastocará negativamente la justicia, que si bien en México no ha corrido según los anhelos sociales y las fórmulas plasmados en la Carta Magna, al menos tenemos eso: anhelos y directrices estipulados que apuntan a un rumbo compartido y que, a pesar de las fallas, aún modulan los vínculos sociales: es decir, es de consenso el deber ser, e incluso son de consenso las vías para que ese deber ser se vuelva quehacer cotidiano, no sólo en el Poder Judicial, en el sistema de justicia entero. La reforma atiende a la ideología de un grupo que por arte de su voluntarismo -vecino del autoritarismo- vuelve a una mayoría electoral Congreso Constituyente, impulsado por una sola voz: la del presidente.Servicio civil y profesionalización. Contra la Corrupción, publicación de la Universidad de Guadalajara, vio la luz hace diez meses. Del prólogo se hizo cargo Mauricio Merino: “el acceso y el ascenso en la función pública no deben ser producto de las lealtades partidarias y de la obediencia al poderoso en turno, no sólo porque eso mina la experiencia y el conocimiento especializado en las trayectorias profesionales de quienes ocupan cargos públicos, sino porque esas prácticas constituyen la primera forma de apropiación de los espacios públicos para fines personales. No es casual que, desde principios del siglo XX, a esos asaltos al poder se les conozca como «sistema de botín»”.Conocimiento especializado, trayectorias profesionales, especie de collares de ajos, de balas de plata para ahuyentar a los vampiros de la función pública. Merino va más allá: “Numerosos estudios sobre estos temas han probado la relación positiva entre una mayor profesionalización del sector público y un mejor desempeño de los gobiernos en el desarrollo y en la promoción de la igualdad social; tanto, que ese vínculo se asume ya como un axioma de la administración pública: más capacidad profesional y más experiencia acumulada significan, inequívocamente, mejores resultados de gobierno.” Ese más allá está estipulado en la Constitución: igualdad, la que al cabo es el horizonte que no puede desconocer cualquier reforma legal profunda: igualdad ante la ley -de entrada-, igualitario acceso a la seguridad y a la justicia. El Poder Judicial de la Federación, y en buena medida el de Jalisco, tienen un servicio civil actuante, mejor, sin estar cerca del ideal, que el del Poder Legislativo y el Ejecutivo. A la vera de los infaltables recomendados, de las filiaciones políticas que son escalón aún funcional para ascender, hay una carrera judicial. Las manifestaciones que ha habido, que habrá, de trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial son muestra: la reforma en cierne amenaza las certezas que tenían respecto a el valor que tendrán los méritos acumulados y la trayectoria profesional. Porque desde el Ejecutivo llega un mensaje contundente: la calidad de elegidos por el pueblo les otorga poder absoluto sobre lo que les atañe y también sobre lo que no, por una razón sencilla: por el voto del pueblo se consideran legítimos y moralmente intachables, tanto que miran a las leyes para abajo. No olvidemos la expresión del presidente, ofrecía, clamaba: “nadie por encima de la ley”, hasta que tocó su turno de regir y adicionó a su dicho: excepto yo y quien yo diga.No tenemos los mejores sistemas para escoger jueces, magistrados y ministros, porque ni el Legislativo ni el Ejecutivo tienen la intención de que el principal criterio de selección para los cargos en el Poder Judicial sea la capacidad ética y profesional, y la carrera judicial. La multicitada reforma no supone que esto vaya a mejorar, al contrario: la elección por voto popular, por una tómbola si se ofrece, hará que los imperativos sean otros, ajenos a las necesidades de impartir justicia, y el Tribunal de Disciplina, una de las novedades, por las atribuciones que tendrá, obligará a las y a los juzgadores a tomar en cuenta, al dictar sentencias, criterios que no necesariamente estén en los códigos; en cambio, resultará más importante que sean peritos en el contexto de la trama política y en las nociones de cierta justicia social, merecido castigo y pueblo bueno que son el credo del presidente, de la presidenta y su partido. Hace días, al recibir del Tribunal Electoral su constancia de triunfo, Claudia Sheinbaum dijo: “reconozco a las magistradas y magistrados su respeto a la voluntad popular y su ejercicio democrático”; más clara no ha brillado la espada que pende sobre el sistema de justicia: el empeño de las y los magistrados no será ceñirse a las leyes y verificar la legalidad de los actos, sino respetar la voluntad popular, la que nomás identifican el presidente y la presidenta electa. Para no quedar como alguien que ignora el estado de cosas en el Poder Judicial, el de la federación y los de los estados, no queda sino reconocer que una reforma era urgente desde hace mucho, nos la quedaron a deber los propios poderes judiciales. Desestimaron los primeros signos del embate y los argumentos que ahora podemos esgrimir para que la muda no sea la que concibe el presidente López Obrador son más bien pocos, de índole conceptual. Para la gente esos conceptos, independencia, soberanía, autonomía, la justicia para la justicia no para la política, significan nada; en tanto que su experiencia frente a personas juzgadoras y habiendo padecido a muchos funcionarios hijos de la carrera judicial, tal vez reflexione: ya era hora de que se hiciera algo. Ese algo omnipresente, indefinible, que abarca la ignorancia, pero también la frustración.Al final, la famosa reforma se está emprendiendo según la secular inercia política y, como siempre, se modificarán las formas no el fondo; se hace de cara a lo que plantea para su beneficio la camarilla en el poder, no de cara a las y a los mexicanos y sus deseos de justicia, o de, para comenzar, sus deseos de enterarse de qué decimos cuando decimos justicia. agustino20@gmail.com
