Miércoles, 12 de Mayo 2021

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Más allá del dolor

Por: Gabriela Aguilar

Más allá del dolor

Más allá del dolor

Hay heridas que abren la piel; otras, que abren los ojos. Pero en esta justicia ciega que aparentemente nos rige, la comisión de la tortura es un acto con un alto índice de impunidad que, en los últimos 20 años, al menos en Jalisco, de las más de dos mil 300 víctimas identificadas por este concepto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ha emitido únicamente 813 quejas. En el camino, se han girado 22 órdenes de aprehensión, de las cuales sólo tres han sido cumplimentadas, aunque esto no ha implicado una sanción, pues sólo una de ellas ha arrojado una condena y absolutoria, es decir, las víctimas permanecen sin encontrar justicia desde hace dos décadas.

La tortura, si bien se identifica como la violencia manifiesta con agresión, sobre todo física, y en su mayoría por parte de una autoridad, no siempre es así; y es que es muy fácil volverlo invisible: una amenaza o la extorsión implica tortura psicológica, cuando no se brinda atención oportuna o se incurre en el sufrimiento del paciente se trata de tortura médica, así como a través de la discriminación o la dilación de justicia en la búsqueda de desaparecidos, y no sólo afecta a quienes son víctimas directas, también a las familias que viven los procesos conjuntamente.

Pero es un tema que preocupa a las sociedades. En la investigación de ZonaDocs titulada “Mujeres sobrevivientes de tortura en Jalisco: el uso de sus cuerpos como método y fin de la violencia patriarcal”, realizada junto a la asociación civil Documenta, con el auspicio de la Unión Europea en el marco de la campaña “Detén la tortura”, se recorren nueve casos puntuales en Jalisco y se abre una ventana a la reflexión sobre los últimos 20 años en los que la comisión de la tortura ha sido un acto común, ya sea la detención o desaparición forzada en las manifestaciones, la maternidad infantil obligada tras una agresión sexual, la privación de la libertad o las implicaciones en la búsqueda de hijos desaparecidos.

Sorprende que desde hace tres años se cuente con una Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura en Jalisco; sin embargo, no tiene autonomía y tampoco cuenta con recursos individuales, pues depende de la Fiscalía del Estado, paradójicamente, la corporación con más quejas en este rubro.

Y es que el presupuesto y la autonomía son dos puntos indispensables en los organismos para poder avanzar en los trabajos de procuración de justicia, es por ello que las asociaciones civiles y los colectivos han generado una fuerza que define a las sociedades frente a un sistema que no incluye la perspectiva de género en las investigaciones, lo que entorpece señalar a la tortura de manera diferenciada, como sucede con los delitos de feminicidio.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Jalisco, el organismo encargado de brindar protección y reparación integral de daños sufridos, registró entre 2016 y 2020, 96 compensaciones económicas a 17 víctimas del delito y 79 víctimas de violación de derechos humanos por una cifra superior a 35 millones de pesos; pero compensaciones aparte, no se ha establecido sanción para funcionarios responsables en dicha violación a los derechos ni la garantía de que el agravio no se repita.

¿Quién paga las deudas? Hasta el momento nadie, pese al trabajo de numerosos organismos estatales y asociaciones civiles que trabajan en la vigilancia por los derechos humanos. ¿Se puede recuperar la vida? En algunos casos, los sobrevivientes de la tortura pueden seguir caminando de cara al futuro, luchando día a día y de alguna manera convertidos en activistas; en otras, es necesario reconstruirse desde los escombros.

puntociego@mail.com

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