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México ante la ONU por desapariciones
México ante la ONU por desapariciones
En un hecho sin precedentes, este viernes el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU determinó en su sesión en Ginebra dictar medidas cautelares para preservar los indicios encontrados por familiares buscadores en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y, al considerar que las desapariciones forzadas en México son generalizadas y sistemáticas, decidió solicitar información al Estado mexicano, y abrió la puerta para que la crisis por desaparición de personas pudiera ser expuesta en una Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este es un hecho inédito, pues sería la primera ocasión que un país integrante de la ONU sea sometido a escrutinio por una crisis humanitaria debido a las desapariciones forzadas, me confirmó el experto en derechos humanos internacionales José Antonio Guevara. Y añadió que la medida del CED abre la puerta para que la crisis por desaparición de personas que existe en México sea expuesta por todos los integrantes de la ONU y, de confirmarse esta crisis, podría incluso designar una comisión internacional para atender las desapariciones en México, como ya lo hizo para indagar las desapariciones forzadas en Siria. Por cierto, la comisión para Siria es encabezada por Karla Quintana, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de México, durante el primer trienio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes. En su sesión del viernes, su presidente, Olivier de Frouville, dijo que en México existe una “situación preocupante”, por lo que se decidió aplicar tres procedimientos: 1) una acción urgente, 2) una comunicación individual al Estado mexicano, y 3) invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que señala: “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.
Al menos preliminarmente, el presidente del CED estimó que sí existe una situación “sistemática y generalizada” de desapariciones en México. Así lo dijo Olivier de Frouville: “Recibió el Comité informaciones que, en su opinión, contienen informaciones fundamentadas que indican que las desapariciones forzadas se llevan a cabo de manera general o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de México. Así, conforme al artículo 34, el Comité decidió solicitar al Estado Parte toda información pertinente en relación con esta situación, lo cual en absoluto prejuzga las próximas etapas del procedimiento. Esta solicitud se le hará llegar durante las próximas semanas al Estado Parte”.
Al mismo tiempo, el CED reconoció en particular la gravedad de los hechos encontrados en el rancho Izaguirre, de Teuchitlán, Jalisco, a petición de las organizaciones Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Tras conocer los hechos, el Comité solicitó al Gobierno mexicano llevar a cabo las siguientes acciones urgentes:
Resguardar el predio del rancho Izaguirre y realizar actuaciones de búsqueda e investigación asegurando la participación de los familiares.
Resguardar todos los restos óseos y elementos probatorios localizados en el predio, en pleno respeto de la cadena de custodia.
Realizar inmediatamente el análisis genético de los restos óseos localizados para su identificación, así como para comparar los resultados con los perfiles genéticos de las personas desaparecidas.
Analizar exhaustivamente los objetos personales localizados y determinar su potencial propiedad por parte de las personas desaparecidas.
Las determinaciones del CED, de la mayor importancia, no hacen sino confirmar internacionalmente lo que la sociedad mexicana sabemos desde hace años: que en el país hay una crisis humanitaria de grandes proporciones, expresada por los altos índices de homicidios intencionales, desapariciones forzadas y por particulares, y hechos atroces como las fosas clandestinas y el desmembramiento o disolución de cuerpos. Ya sea por incompetencia o por complicidad, el Estado mexicano no ha podido o no ha querido detener esta crisis; por eso es indispensable la colaboración internacional para detener esta barbarie.
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