El próximo domingo 10 de abril, se realizará la Consulta Nacional para la Revocación de Mandato. Este es un ejercicio democrático cuya finalidad es “determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza”. Su soporte jurídico es la Ley Federal de Revocación de Mandato, reglamentaria de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 14 de septiembre de 2021. Resulta oportuno señalar que este ordenamiento, aprobado por el Congreso a iniciativa del Presidente, es de nueva creación y se ejercitará por primera vez. El Instituto Nacional Electoral, cuyo control pretende el Presidente, es, por su parte, la autoridad responsable de la organización, desarrollo y cómputo del proceso.Ahora bien, ¿qué beneficios reportará la famosa consulta para el ciudadano común? Las opciones que se pondrán a consideración de los votantes son: a) Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza y b) Que siga en la Presidencia de la República. ¿Qué sentido tiene gastar una fortuna para que las cosas queden como están? Porque ni las más optimistas predicciones estiman llegar al 40 % del padrón electoral, es decir, tendrían que sufragar 37,386,588 mexicanos, de los cuales, el 51% votasen en contra para removerlo del cargo. Imposible.Entonces, ¿por qué dedicarle tanto tiempo y recursos a algo que, con toda sinceridad, no servirá de nada a la ciudadanía?Debemos buscar la respuesta en los entretelones de la política. Lo que realmente se pretende -de ahí la participación sin mesura del aparato de gobierno de la República- es identificar con precisión dónde está la fuerza electoral de Morena, medir el compromiso de los beneficiados por los subsidios del gobierno con propósitos clientelares, así como probar su capacidad de movilización. Además, y no menos importante, es ubicar certeramente el voto duro de la oposición. A lo anterior hay que agregar un objetivo estratégico para los intereses del Presidente: el manejo discrecional de las autoridades electorales federales, INE y Tribunal Electoral.El resultado de la consulta permitirá al Presidente y a sus asesores alinear todos los recursos del gobierno para conservar el poder en el 24, así como impulsar la retahíla de reformas constitucionales inspiradas en el México de los 70’s y, finalmente, redefinir sus alianzas partidistas, sectoriales y territoriales a lo largo y ancho de la República. En otras palabras, López Obrador está aceitando las estructuras administrativas para transformarlas en un sistema de operación electoral bajo su control.¡Cuidado! La Democracia está en riesgo. El INE y el Tribunal Electoral deben preservarse como instituciones independientes del gobierno, más aún frente a la amenaza de su desaparición expresada hace unos días por el propio Presidente. Son, el INE y el Tribunal Electoral, los últimos reductos de los mexicanos para desterrar el fantasma de la dictadura. ¡No a la farsa!
