Lo revelado esta semana por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en el sentido de que Jalisco es el Estado de la República Mexicana con la mayor percepción de corrupción, además de dejar muy mal paradas a las autoridades, también confirma el fracaso de un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) que en algún momento de sus inicios en el sexenio pasado nos hizo pensar que al fin sería un modelo que funcionaría para contener y sancionar los abusos en el manejo de los recursos públicos.El primero de noviembre de 2017, que arrancó sus trabajos el Comité de Participación Social (CPS) del SEA, cuyos integrantes fueron seleccionados por un grupo de jaliscienses de intachable reputación que formaron la Comisión de Selección, muchos pensamos que el toque de innovación que presentaba ese modelo al incluir esta esfera ciudadana podría marcar la diferencia respecto a otros sistemas fallidos de fiscalización que sólo estaban en manos de las burocracias y las dependencias encargadas del escrutinio del gasto público y que nunca han cumplido cabalmente su función. Eran las contralorías que estaban a las órdenes del Ejecutivo estatal o municipal en turno o del jefe de tal o cual dependencia. O las Auditorías controladas por Congresos locales en los que prevalecen las componendas políticas por encima de una auténtica fiscalización y lucha anticorrupción. El CPS además, integrado por hombres y mujeres expertos en estas materias y con buena fama pública, contarían con una Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) recién liberada luego de estar más de una década secuestrada por la élite política y gubernamental, y desde donde se tejió toda una trama de corrupción que lejos de combatir los malos manejos del poder con el erario, los solapaba. Vino después la creación de la primera Fiscalía Anticorrupción en Jalisco, que en teoría actuaría con independencia de la Fiscalía del Estado, que también despertó muchas expectativas. Lo cierto es que la construcción de este nuevo modelo anticorrupción siempre fue a cuenta gotas, tortuosa y accidentada por las renuencias de los gobiernos. El CPS nunca logró el peso para desempeñar su papel como articulador de los trabajos del Comité Coordinador del Seajal que integran junto con la ASEJ, la Fiscalía Anticorrupción, el Instituto de Transparencia, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y la Contraloría del Estado. En cuanto el CPS fue incómodo, vinieron para pronto los embates desde el poder y la infiltración de los espacios ciudadanos y libres que le dieron origen al SEA, hasta prácticamente anularlo. El hecho de que la población de Jalisco vea a su propia entidad como la más corrupta es prueba de que la clase política y gubernamental que domina la Entidad, se salió con la suya y desmanteló un sistema anticorrupción que le estorbaba. Habrá, pues, que volver a intentarlo.jbarrera4r@gmail.com
