La corrupción en el país es como la sal, prácticamente no hay ámbito en el que no se use, por pizcas y también por tazas; ya sea en la botana chatarra que son los discursos de campaña política, en arengas de gobernantes servidas con una guarnición de hastío, en la variedad de moles morales en los que la corrupción adorna como ajonjolí, aunque muchas veces también es el guajolote; sal y asimismo una especie de xoconostle para el amargo pero inevitable caldo de la desconfianza. Insalvable saborizante en el plato fuerte llamado inversión, es el toque que no pocos comensales que emprenden un negocio deben incluir en sus proyecciones financieras, corromper y corromperse o morir. Hemos consumido tanta de esta sal del mar de la corrupción, que el organismo-sociedad acusa daños en varios órganos: el estado de derecho luce graso, la glándula impunidad muestra un crecimiento peligroso, desplaza a otras vísceras fundamentales, por ejemplo, la que segrega seguridad pública, la que controla la solidificación de los nodos del tejido social y, claro, ha puesto en franco declive a la que equilibra e iguala a todas las células del cuerpo nacional, por eso ahora algunas de ellas gozan de salud y bienestar, mientras otras, las más, languidecen en la supervivencia escasa.Hemos practicado dietas y confeccionamos recetas para erradicar la salitrosa putrefacción y sus efectos; sin embargo, la sensación prevalente es que no hemos conseguido algo, pues siempre se las ingenia para colarse por entre nuestras arterias, por entre nuestros modos. El esfuerzo más reciente fue inocularnos sistemas anticorrupción; la idea era expulsar concertadamente a los agentes enviciados con la apropiación ilegal de lo público y minar las estructuras que les han sido propicias, merced a las cuales se multiplican y medran sin saciarse. A pesar de los intentos, decimos, seguimos en las mismas, y a partir de esa certeza solemos pensar: seguramente porque seguimos siendo los mismos.El 24 de agosto el INEGI presentó la “Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas” (ENCRIGE) 2020. El nombre indica las vertientes en las que indaga, repasemos una de ellas: “la percepción y experiencias en las unidades económicas en relación con actos de corrupción al momento de realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos”. El estudio se hizo entre el 3 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado y la muestra fue de 34,919 empresas, de todos los tamaños. Entre los hallazgos, a escala nacional: “Disminuyó el porcentaje de unidades económicas que consideró frecuentes los actos de corrupción por parte de servidores públicos al pasar de 82.2 en 2016 a 71.5% en 2020. “La tasa de víctimas [de estos actos] por cada diez mil unidades económicas pasó de 561 a 510 entre 2016 y 2020”. Nada mal, podríamos concluir. Aunque debemos tomar en cuenta una observación metodológica: “Las estimaciones correspondientes a la ENCRIGE 2016 son presentadas con el fin de identificar la tendencia. Por lo que se sugiere tomarlas con reserva, toda vez que las unidades de observación pudieran presentar algunas diferencias, ya que la edición 2020 consideró a la empresa y la edición 2016 al establecimiento”. Pero al fin, hay una tendencia.Por lo que corresponde a la apreciación de las empresas sobre la frecuencia de los episodios de corrupción (frecuentes y muy frecuentes) realizados por servidores públicos de Estado en Estado, Jalisco destaca positivamente; el resultado nacional indica que en 2016 el porcentaje de encuestados que afirmó que los hechos de corrupción eran frecuentes, fue 82.2%, en 2020, 71.5, y refiere el estudio que la variación es estadísticamente significativa, o sea, que la diferencia no fue casualidad y se infiere que hubo factores que la provocaron, en tanto que en Jalisco la relación fue: 2016, 88.6%, 2020, 31.8, sí, 31.8%, y el análisis coloca a esta última cifra el asterisco que remite a “sí existió un cambio estadísticamente significativo con respecto del ejercicio anterior”. Se dice ahora, los datos resultan “contraintuitivos”, o sea: riñen con la idea que acríticamente tenemos en mente. En 2020 Jalisco Cómo Vamos hizo una encuesta para conocer la percepción que entre las y los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara había sobre la corrupción; a la pregunta “¿Qué tan corruptos considera usted que son los habitantes de esta ciudad?” 82%, las y los tapatíos contestaron que son algo o muy corruptos, pero fue sobre la corrupción en general y se planteó a población abierta, en cambio el estudio del INEGI preguntó a empresas, a sus dueños o directores, y sobre actitudes concretas (al realizar trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos); sobre todo se incurrió en ilegalidades para acelerar trámites. Dos municipios quedaron incluidos en la investigación, Guadalajara y Zapopan, el primero alcanzó 81.2% entre quienes percibían más frecuencia en los actos de corrupción, el segundo, 69%, lo que representa el caso mexicano típico: menos que sigue siendo mucho.Los números que arrojó la encuesta del INEGI apuntan a que algo bueno se ha hecho en el combate a la corrupción; ahí mismo nos enteramos de que en Ciudad de México también disminuyó la sensación de las unidades económicas sobre el fenómeno, en 2016 fue 91.5%, en 2020 88.3%, con lo que Jalisco destaca aún más, pero no la abstracción que puede ser un Estado: ciertas autoridades, las empresas, los medios de comunicación, la gente con su hartazgo y las instancias de combate a la corrupción. El truco será dar con lo que haya sido y con quien haya aportado, y que continúe haciéndolo con más intensidad, podría intentar saberlo el Sistema Estatal Anticorrupción, especialmente el Comité de Participación Social. Mientras nos entretenemos defendiendo parcelas de poder y prestigio, algo sucedió con la corrupción en 2020, ¿fue parte de lo impensable que acarreó la pandemia? ¿Otros elementos igual de impensables, digamos, los de siempre, truncaron su inercia? Ojalá la siguiente ENCRIGE no nos lleve a reconocer que la de 2020 contuvo una especia tan socorrida como la sal: el azar.agustino20@gmail.com
