Lunes, 15 de Abril 2024

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Anatomía de una extorsión

Por: Raymundo Riva Palacio

Anatomía de una extorsión

Anatomía de una extorsión

Eduardo Fernández, que no ha dejado de estar en las noticias y en problemas legales desde hace dos décadas, fue detenido por la Interpol el viernes pasado al llegar al aeropuerto de Madrid procedente de Miami. Había una ficha roja (“red notice”) para su captura desde el pasado 24 de enero, que se ejecutó cuando las autoridades estadounidenses registraron que se iba a fugar a España para evitar lo que parecía su inminente detención en Florida, y alertaron a las españolas. Su aprehensión es resultado de una acusación por el presunto delito de extorsión agravada que presentó Televisa ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Televisa denunció a Fernández* porque a cambio de no hacer públicas sus “prácticas corruptas”, exigía 250 millones de pesos. Esas acciones, precisó Fernández, las había denunciado en octubre de 2022 en la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos (SEC), que a su vez dio vista al Departamento de Justicia (DOJ). En un ultimátum hace casi dos años, quien fue la figura más temida durante el sexenio del Presidente Ernesto Zedillo como jefe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pintó un Armagedón empresarial e individual para Emilio Azcárraga, presidente de Grupo Televisa, y sus copresidentes Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, si no le daban el dinero.

Era una suma “mínima” frente a las pérdidas que tendrían si abría la boca, les dijo. “Mejor la paz”, les propuso. Televisa lo acusó de una extorsión que se fue construyendo en cámara lenta desde finales de 2020, en reuniones con Gómez y Angoitia, cuando les pidió 40 millones de pesos de ayuda, y a través de siete cartas que fueron configurando el delito. La última, base de la denuncia de extorsión, fue entregada en las oficinas ejecutivas de Televisa por la secretaria de Fernández, contra quien también hay una orden de aprehensión. Su contenido fue determinante para que un juez le negara la fianza a Fernández, que se quedó en Soto del Real, la prisión madrileña en donde están ilustres corruptos españoles.

La denuncia que presentó en la SEC, según él mismo lo dijo en un video difundido el sábado, retoma los puntos centrales de una denuncia anónima investigada por esa dependencia y el DOJ en 2016, por el presunto fraude de mil millones de dólares, del cual Televisa y sus ejecutivos fueron exonerados. La empresa, sin embargo, pidió una investigación espejo a la entonces Procuraduría General de la República, que llamó a declarar a más de 60 testigos, entre ellos Fernández, que había sido su agente financiero de 2009 a 2012.

En su declaración, cuatro años después de haber dejado de tenerlos como clientes, afirmó que nunca recibió dinero en efectivo -la parte sustanciosa del anónimo- para realizar pagos o guardarlo, que no sabía que tuvieran empresas fantasmas o de pantalla, y que nunca supo de que se beneficiaran de esos recursos los ejecutivos de Televisa, ni de actos de uso o desvío de patrimonio de la empresa.

Esta historia cambió ocho años después, cuando restableció el contacto con “los televisos”, como los llama, y les empezó a pedir dinero. Al no obtener lo que pedía, empezó a amenazarlos y les dijo que diría que lo que había declarado en la PGR, había sido bajo presión y amenazas. Para cuando les hizo esa advertencia, que significaba cambiar su declaración jurada incurriendo en un delito, estaba jugando a la segura porque ese delito, de configurarse, ya habría prescrito.

Fernández fue escalando las presiones a través de las cartas. La que sustentó la denuncia de extorsión fue entregada el 14 de marzo de 2023, dirigida a “Bernardo y Alfonso”, donde les dice que los había denunciado -junto con Azcárraga- ante la SEC y el DOJ por “delitos cometidos” en Estados Unidos, retomando el caso cerrado en 2016. “Si hago del conocimiento público la denuncia penal”, advirtió, “sufrirán una verdadera catástrofe”.

“¿Por qué el acercamiento?”, preguntó. “Simplemente por México. Como muchos, estoy realmente preocupado por lo que está sucediendo en el país… no quiero coadyuvar a que AMLO acumule más poder para destruir a México”.

Párrafos abajo dice que “no obstante este acercamiento por México, sin duda ni titubeos, de no haber arreglo, estallo la noticia en The Wall Street Journal. A estas alturas de mi vida todo, absolutamente todo, está subordinado al bienestar de los míos”. Dijo tener problemas financieros personales agravados en los dos últimos años, por lo cual “una vez que por México tomé la decisión de enterarlos de mi denuncia penal, no hay más que dos alternativas: se arreglan conmigo y me compensan algo, o estallo la noticia”.

“Una vez materializado el arreglo”, ofreció: “a) nunca hacer pública la existencia de la denuncia penal, ni su contenido, y b) nunca hacer del conocimiento público las investigaciones de la SEC y el DOJ. Únicamente así tendrán espacio para operar una estrategia de control de daños. Sería definitivo el arreglo conmigo, cumpliré mi palabra, actuaré siempre de buena fe, y guardaré estricta confidencialidad”.

“La falta de arreglo, cualquier intento de afectar a mi familia o a mí, física o ‘legalmente’, intimidaciones, amenazas, seguimientos, intervenir comunicaciones, dispositivos ocultos, mencionar mi nombre o este acercamiento en sus pesquisas o gestiones, o en general actual deslealmente en US o México, detonará inmediatamente la noticia en el WSJ”.

Televisa actuó. El 28 de marzo de 2023 lo denunció ante la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto. El Wall Street Journal nunca “detonó” nada. Fernández huyó a Miami y se quedó sin la increíble contraprestación que exigía, que será detallado en una próxima columna.

*Para efectos de transparencia, aclaro que soy conductor de un noticiero en Foro TV y miembro del panel de Tercer Grado en Televisa. Por otra parte, demandé a la empresa que edita el diario 24 Horas, donde Eduardo Fernández es uno de los socios, y gané el caso, donde el juez, por razones que no están claras, tiene detenida la ejecución del fallo y no ha establecido la pena económica a esa empresa.

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