Desde hace tiempo existe un debate sobre el uso legítimo y no legítimo de los datos biométricos que el Estado recopila de la población.El Hasso Plattner Institut, ubicado en la ciudad de Postdam, se ha especializado en este tema. En 2019 tuve la oportunidad de visitarlo para conversar sobre el asunto, ya que la cuestión lleva ya tiempo de discutirse en el país.Lo que concluí es que se debe distinguir con mucho cuidado los beneficios de esta práctica de los daños que se pueden causar si se utiliza mal.En lo que se refiere a lo primero, que el Estado cuente con información precisa de la estructura poblacional, puede servir para que este responda con mayor efectividad a catástrofes naturales y no naturales, o para establecer un sistema de salud pública eficiente, por poner solo dos ejemplos. Sin duda, un gobierno más informado puede instrumentar mejores políticas públicas en beneficio de la sociedad.Sin embargo, también existe el peligro de que los gobiernos puedan dar un uso indebido de los datos que tiene de la población. El caso más obvio es el de China, donde un Estado autoritario utiliza la información disponible para vigilar y controlar a las personas.Para evitar esto, las sociedades democráticas deben establecer límites a lo que pueda hacer un Estado con la información y los datos que ha recopilado. Esta es precisamente una de las funciones de la división de poderes y de otros mecanismos institucionales que los países más desarrollados han impuesto con el fin de evitar el destino de China.Parte del debate en México ha sido sobre qué tipo de institución debe salvaguardar y gestionar los datos biométricos de la ciudadanía. Para algunos, esta función debería seguir siendo realizada por el INE, en parte por razones prácticas, ya que ese instituto cuenta con una gran experiencia manejando esos datos de manera eficiente.Otros piensan que esa tarea no le corresponde a un cuerpo autónomo, cuyo mandato es organizar elecciones y no proteger y administrar datos.Indudablemente, este debate deberá realizarse con gran fuerza en la próxima legislatura.Existe, sin embargo, una preocupación genuina en buena parte de la ciudadanía de que el grupo que gobernará al país a partir de octubre, no teniendo realmente diques para su acción, utilice la información y los datos de los ciudadanos para acosar a disidentes o para vulnerar la privacidad de cualquier persona. Esta preocupación enmarca los cambios que el régimen propone a la Ley General de Operaciones de los Registros Civiles.La inquietud es razonable debido a que el actual gobierno ha hecho un uso inadecuado de la información privilegiada que tiene sobre la sociedad. Los casos son múltiples y algunos incluso célebres.Sería una tragedia si el gobierno recientemente electo pretendiera seguir la ruta china hacia el autoritarismo. Importa mucho que así no sea.
