Miércoles, 17 de Julio 2024

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Se agrava crisis por desaparecidos

Por: Rubén Martín

Se agrava crisis por desaparecidos

Se agrava crisis por desaparecidos

El sexenio del gobernador Enrique Alfaro Ramírez está a punto de concluir sin que el gobierno termine de admitir que Jalisco vive una grave crisis por desaparición de personas. En lugar de ello, parece festejar que en lo que va de la actual administración se han localizado a más de 16 mil personas. Así lo dio a conocer el gobierno estatal el pasado domingo en un comunicado oficial bajo el título: “En Jalisco han sido localizadas 16,427 personas en casi 6 años de trabajos interinstitucionales de la mano de la sociedad civil y los tres niveles de gobierno”. 

En un comunicado sobre un tema tan importante no se menciona en ningún párrafo que siguen desaparecidas 15,021 personas, de las cuales 9,089 se ausentaron en lo que va de la actual administración, lo que representa más de 60 por ciento del total de los casos registrados oficialmente. La cifra de desaparecidos casi duplica la cifra de personas desaparecidas en el sexenio del priista Aristóteles Sandoval Díaz, con 4,882. 

El dato es relevante porque en el boletín emitido por el actual gobierno el domingo pasado remata el comunicado presumiendo un mejor trabajo en estas tareas que en el gobierno anterior. “Recordar que, en los últimos seis años, la localización de personas ha sido una gran diferencia entre el gobierno anterior y el actual gobierno encabezado por Enrique Alfaro, ya que antes el Gobierno del Estado no realizaba acciones de búsqueda, ni contaba con instituciones especializadas para estas labores o una legislación a favor de esta agenda y las familias de las víctimas (…)”. El comunicado es inexacto porque en realidad las actuales instituciones de búsqueda y la legislación respectiva arrancaron al final del sexenio anterior encabezado por Aristóteles Sandoval. 

Pero además deja entrever una política exitosa en materia de desapariciones, lo que no se corresponde con la realidad que se vive cotidianamente en Jalisco. Dice el boletín que en el actual gobierno se viene “consolidando un gran avance al crear el andamiaje legal-operativo para dar con el paradero de las personas que siguen reportadas como desaparecidas”. En ningún sentido se puede considerar “un gran avance” tener más de 15 mil desaparecidos registrados oficialmente, dejando al estado de Jalisco en el primer lugar nacional y ser el epicentro de la crisis por desapariciones de todo el país.

Ya lo he insistido en otras ocasiones, pero esta cifra implican cuatro veces más desaparecidos que dejó una sanguinaria dictadura militar, como la que inició en 1973 Augusto Pinochet en Chile, con tres mil desaparecidos o contar con la mitad de desaparecidos que dejó una dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1982. 

En ningún caso se puede afirmar que hay un “un gran avance” en combatir la crisis por desaparición de personas cuando a este problema se asocia la crisis forense que va de la mano de la privación ilegal de las personas y de las indignantes prácticas para encubrir las desapariciones en fosas y enterramientos clandestinos. Jalisco es uno de los estados con más rezagos para la identificación de cuerpos o restos humanos con más de 154 fosas encontradas en la actual administración y con más de 4,600 personas fallecidas sin identificar. 

A lo largo del sexenio, el gobierno de Enrique Alfaro se ha empeñado en vender una narrativa en la que presume que los indicadores de inseguridad van a la baja y que presumiblemente se vive en un estado más pacífico y seguro que hace seis años.

Pero las cifras oficiales de desaparecidos (es decir, sin contar con la cifra negra de casos no reportados) desmienten ese discurso. Esta negativa a reconocer la grave crisis por desaparición de personas es parte del problema, pues al negar que exista esta crisis, en consecuencia parece que no se toman las medidas adecuadas para enfrentarla. A menos de cinco meses de que termine el actual gobierno, es poco probable que cambien las cosas, por lo que sería urgente que las próximas autoridades tomen en cuenta las demandas y exigencias de las familias y se trace una política de la mano de los colectivos para enfrentar una crisis por desapariciones que se está agravando. 

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